La presunta conversión del antiguo supermercado La Predilecta en una tienda multiprecios regentada por asiáticos ha puesto en guardia a algunos comerciantes de los aledaños de aquel emblemático establecimiento, ubicado en la esquina de San José. La competencia de las llamadas 'tiendas de chinos' y las dudas en cuanto a la legalidad de ciertos aspectos de estos comercios llevó a los industriales de esta zona del centro a reunirse el pasado viernes bajo el amparo de la Unión de Comerciantes de Cádiz, alertando del perjuicio económico que les supone "la apertura incesante e indiscriminada" de estos negocios. Principalmente son las tiendas de alimentación de la zona las que más temen la apertura del establecimiento en La Predilecta. Miriam Martín, de la panadería By Pan, en la calle Presidente Rivadavia, señalaba ayer que las tiendas de chinos "van a hundirnos porque no podemos competir con esos precios, ni con los impuestos que pagan, que no son los mismos que los que pagamos nosotros. Tiran los precios tanto que no podemos igualarlos". Se preguntaba además "en qué se basan las licencias de apertura para los asiáticos si abren como alimentación al por menor, por ejemplo, y luego te venden género que no tiene nada que ver con la comida".

Otro ilustre comerciante de la zona es Antonio Melero, de Ultramarinos Barreda, en la confluencia de la plaza de Mina y la calle San José. El propietario de este negocio dijo no entender "cómo lo hacen para seguir abiertos pagando alquileres tan caros, de 1.500 a 2.000 euros al mes, y tirando tanto los precios. No sé, todo es muy raro, muy oscuro". Melero se quejaba de que en estos bazares "están vendiendo hasta tabaco suelto". En Enrique de las Marinas, Ignacio Otero, propietario de la panadería-baguetería d'carrera, comentó que "no trabajar en las mismas condiciones y con las mismas ventajas que los asiáticos" acabará "cargándose al comercio tradicional". Apuntó que "todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero con las mismas ventajas y facilidades".

El vicepresidente de la Unión, Francisco Javier Rodríguez, afirmaba ayer que "a cualquier comercio se le piden más trámites que a los de los asiáticos". Rodríguez señaló que al resto de comerciantes les resulta imposible competir con los precios de los bazares. "La Coca-Cola la venden más barata que al precio de costo", advertía. Según el dirigente de la Unión la competencia "desleal" es "insostenible" y anunció que en los próximos días el colectivo al que representa presentará denuncias ante el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía solicitando más inspecciones en unos establecimientos "que en algunos casos abren sin tener aún la licencia, venden de todo, hasta perfumes falsificados, de calidad ínfima, y todo ello sin que el Ayuntamiento regule los multiprecios".

El propio Rodríguez contaba ayer que el pasado fin de semana avisó a la Policía Local y la Nacional al comprobar que en una tienda regentada por chinos en el centro "había menores de edad comprando alcohol y menores también despachando". Rodríguez pidió un mayor control por parte de las autoridades en negocios "en los que sólo está dado de alta el autónomo, pero trabaja toda la familia sin regularizarse su situación laboral, hecho que no se le permite a los comerciantes que no son asiáticos". Preocupa al comercio local la variedad del género que venden estas tiendas aunque la licencia de apertura obtenida sea para una actividad concreta. "Tenemos constancia que el barrio del Balón hay un bazar dado de alta como zapatería que vende fruta. La Policía Local le ha retirado la mercancía y les ha multado, pero a la semana vuelven a la carga", contaba Rodríguez.

El comunicado emitido por el grupo de comeciantes de plaza de Mina, San José, Enrique de las Marinas, Mentidero, Veedor y plaza de San Antonio ha resultado contundente. Les sorprende la rapidez con la que los asiáticos realizan las reformas y entienden que en su mayoría carecen de la licencia de obras y también la celeridad con la que abren los negocios "cuando la gran mayoría de los comerciantes gaditanos tienen que esperar entre tres y cuatro meses mínimo para abrir". Este grupo de comerciantes duda incluso de las garantías sanitarias de los productos y de que cumplan los requisitos laborales en materia de horarios, salarios, altas en la Seguridad Social o descanso del personal "que al resto sí se nos exige". Por ello piden al Ayuntamiento un "seguimiento pormenorizado" de estas tiendas "para velar por el cumplimiento de las normas establecidas".