El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz volvió ayer a darse de bruces contra la oposición en su intento de poner en marcha la municipalización de los servicios de socorrismo y salvamento, limpieza de la arena y mantenimiento y limpieza de los módulos de las playas. La reunión de la comisión creada para dar forma a este procedimiento volvió a cerrarse sin acuerdo por las dudas mostradas por PSOE, PP y Ciudadanos sobre las garantías de que el proceso cumpla con la legalidad y de que sea real el ahorro que Podemos y Ganar Cádiz en Común defienden que va a suponer para las arcas municipales. No se quedaron atrás los dos partidos que están al frente de la Corporación, ya que acusaron a las formaciones de la oposición de ejercer una "estrategia para demorar los tiempos" con la petición de nueva información.

De momento, la municipalización sigue en el mismo punto muerto, a pesar de que desde el equipo de Gobierno, al igual que hiciera la pasada semana la concejala de Presidencia, Ana Fernández, se advirtiera en una nota de prensa que "no se puede retrasar más el proceso, puesto que es necesario cumplir con los plazos establecidos con objeto de poner en funcionamiento los servicios de cara al próximo verano". De hecho, como en años anteriores, la pretemporada de playas se iniciará, si no hay cambios de última hora, el Domingo de Ramos, fecha en la que los primeros servicios ya estarán disponibles.

El PP asegura que el coste de los servicios se encarecerá en 120.000 eurosEl Consistorio afirma que el expediente debe culminarse para poner en marcha los servicios

Sin embargo, las prisas del Gobierno dirigido por el alcalde, José María González Santos, no convencen al resto de partidos. De todos, el más duro fue el Partido Popular. Su portavoz, Ignacio Romaní, se valió para hacer sus críticas de un informe del interventor municipal que dice que la municipalización "será positiva si se compara el gasto que se calcula realizar con el que se considera coste real del servicio externalizado, pero lo será negativa si la comparación se efectúa respecto de los costes actuales" de los contratos.

Ante esto, desde el PP defienden que el coste de los servicios se encarecerá en unos 120.000 euros tras señalar el Ayuntamiento que le valdría 2,288 millones de euros la realización de estos contratos, frente a los 2,168 millones de euros del coste actual y los 2,668 millones de euros que asegura el informe del Consistorio que cuestan realmente los servicios externalizados -cifra de la que extrae el equipo de Gobierno el ahorro de unos 380.000 euros-.

Romaní aseguró que "todo el proceso se basa en la falsedad de que las empresas del sector están cobrando menos de lo que cuesta el servicio y que -no sabemos a causa de qué ciencia infusa- a partir de ahora el Ayuntamiento de Cádiz no iba a conseguir que se presentaran otras empresas que hicieran el servicio con estos costes cuando llevamos año consiguiéndolo, y solo gracias al PP se ha evitado cerrar en falso este desastre".

Asimismo, Romaní denunció que "González Santos ha reconocido que los trabajadores estarán en las mismas condiciones laborales que él tachaba de precarias cuando no era alcalde, porque en la memoria no han podido ocultar que la única razón para que Aguas de Cádiz no asuma a las plantillas es que cobrarían más de lo que cobran ahora y eso ni lo soportan las saneadas cuentas de Navarro ni lo permite el interventor".

Por su parte, Fran González, portavoz del PSOE, defendió también en nota de prensa que la petición de información realizada por su grupo al equipo de Gobierno responde a su objetivo de tener "todas las garantías del proceso antes de que éste se lleve a cabo".

González mostró sus dudas tras la reunión de ayer "ya que siguen existiendo importantes lagunas que, durante la reunión, han sido reconocidas por los técnicos, respecto a los informes que se nos han entregado. Hay asuntos que entran en colisión y otros que siguen sin aclararse".

Siguiendo la tesis del PP, el edil socialista aseveró que "el informe económico y financiero sigue siendo insuficiente, por tanto, el ahorro del que habla el equipo de Gobierno no es concluyente".

Ante esto, el PSOE ha solicitado información sobre que se certifique que no existe la necesidad de tener una autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para iniciar este expediente, las modificaciones en los objetos sociales de las empresas municipales afectadas o las consecuencias jurídicas ante los incumplimientos que se puedan suceder por este proceso.

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, en un comunicado se sumó a las dudas sobre el menor coste de los servicios. "El dato de los 300.000 euros de ahorro no está acreditado. No se tienen en cuenta circunstancias como, por ejemplo, la inmediata negociación del convenio colectivo de limpieza de la arena o la necesidad de reforzar la estructura directiva de la sociedad Cádiz 2000", aseveró. Asimismo, también cuestionó sobre si se puede incurrir en fraude de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por lo que pidió que se solicite un informe al Ministerio de Hacienda.

Otro aspecto que sacó a relucir Pérez Dorao es el problema que suscita en materia laboral al resultar este proceso "incompatible con los principios de igualdad, capacidad y mérito que deben regir los criterios de contratación por parte de las administraciones públicas", por lo que consideró que la entrada de los trabajadores dentro de una empresa municipal sería "por la puerta de atrás".