Diversos colectivos y asociaciones y vecinos de la ciudad consideran "una urgencia inaplazable" limitar y regular las viviendas turísticas en Cádiz y llaman a los partidos politicos con representación en el pleno a votar a favor el próximo martes de la modificación del PGOU que el gobierno municipal lleva a la sesión para la suspensión de licencias, que necesita para su aprobación mayoría absoluta.

En un comunicado enviado este sábado, los 18 colectivos firmantes consideran que la proliferación  "todavía sin una norma de regulación y control, de los apartamentos turísticos, está empezando ya a provocar efectos perniciosos para la calidad de vida de la ciudad de Cádiz", como son un aumento desaforado en los precios del alquiler de vivienda, la expulsión de residentes del Casco Histórico, reemplazados por visitantes transeúntes, la reducción de la oferta para viviendas en alquiler mínimamente asequibles o la desnaturalización de los barrios del Casco Histórico de Cádiz.

Aseguran que no están "en contra de la actividad turística ordenada, pero especialmente en la actual situación de alarma sanitaria, no podemos dejar nuestra ciudad a merced de intereses que solo buscan, mediante un movimiento especulativo, el lucro privado y degradan de forma irreversible el tejido urbano".

Cnsideran además, que "la parálisis del Plan Andaluz de Vivienda 2020/2024 y la aprobación en 2019 de un Plan Municipal de Viviendas son del todo insuficiente para dar una respuesta a la carencia de viviendas para los gaditanos, contribuyen a crear una situación de angustia habitacional".

La organizaciones firmantes son:  Asoc. Pro Derechos Humanos - APDHA, FACUA Cádiz, Mujeres de acero, Ecologistas en Acción, Asociación Alendoy, Asociación Amazonas, Colectivo CEPA, AAVV Cádiz Centro, AAVV Sueña Puntales, Comité Oscar Romero de Cádiz, Amigas al Sur, AAVV Los Corrales, Biblioteca Social el Adokin, Economía del Bien Común, Ateneo Libertario Fermín Salvochea, Asociación La Zancada, CGT y Asamblea Ciclista Bahia de Cádiz

"Se pone en cuestión el derecho a la ciudad de sus habitantes y el derecho a la vivienda"

Creen que la construcción de apartamentos turísticos en el Casco Histórico de la ciudad está agudizando el crónico problema de la falta de viviendas asequibles en Cádiz, ya que es el que concentra el 75 % de las viviendas con fines turísticos, una tendencia que va en aumento. "En zonas como San Francisco-Mina, Candelaria y San Juan las plazas de hospedaje superan el 20% del total del parque de vivienda: una desnaturalización de estos barrios insoportable", apuntan. "Se está poniendo en cuestión el derecho a la ciudad de sus habitantes, el derecho a la vivienda o la priorización de la calidad de vida, a cambio del lucro aplicado a las actuaciones en materia de vivienda".

Estas asociaciones creen que "la ciudad ha dejado de ser el espacio social donde se desarrolla la vida para transformarse en el hábitat en el que los gaditanos tienen que acoplarse al lugar que les deja el mercado. La ciudad se puede convertir en un escenario obsceno de extracción de rentas y plusvalías, poniendo al urbanismo y al suelo como meros instrumentos para obtener beneficios."

Así para ellos, la moratoria urgente en la concesión de licencias para apartamentos turísticos "es inaplazable en tanto no se apruebe la regulación definitiva y ordenada de los mismos. Necesitamos también que el Ayuntamiento promueva procesos participativos, hoy en día hibernados, para que la ciudadanía pueda debatir y tomar decisiones en los problemas que le afectan", añaden.

El próximo martes día 21, el actual gobierno municipal lleva a aprobación por el Pleno una Modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular las viviendas turísticas, en base al estudio técnico que en su día encargó el Ayuntamiento. Fija como máximo el 8 % del suelo residencial de cada barrio o zona para vivienda turística y un máximo del 4 % para el conjunto de la ciudad. Así mismo, lleva a aprobación la suspensión del otorgamiento de licencia para un plazo máximo de un año, espacio de tiempo más que suficiente para la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU.