Los dueños de los chiringuitos de las playas y el alcalde de Cádiz, José María González, se reunirán mañana en el despacho de Alcaldía para tratar las discrepancias que han surgido entre las partes tras la apertura por parte del Ayuntamiento gaditano de cuatro expedientes sancionadores y de restitución de la legalidad urbanística por la situación de las terrazas. Un encuentro que se producirá estando sobre la mesa la amenaza de los empresarios de cerrar los establecimientos playeros el próximo lunes 18.

De momento, los empresarios mantienen esta convocatoria a expensas de lo que suceda en la reunión de mañana, ya que no tienen muchas esperanzas de que se encuentre una solución al conflicto entre las dos partes.

El Ayuntamiento de la capital gaditana, tal y como ha manifestado en varias comparecencias públicas el concejal de Urbanismo, Martín Vila, considera que los empresarios deben cumplir con lo que marca tanto el pliego de condiciones con el que consiguieron las concesiones como con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) respecto a los metros cuadrados de playa que pueden ocupar las instalaciones.

Este paso lo dio el Gobierno local una vez que ya se había completado la transmisión de la titularidad de las concesiones de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, un procedimiento que considera que no se ha completado, por lo que asegura que es el titular efectivo de las citadas concesiones. Por contra, la Junta de Andalucía da el trámite por finalizado, por lo que actualmente está estudiando las solicitudes para la modificación sustancial de las condiciones pedidas por los empresarios.

Por su parte, los adjudicatarios de los chiringuitos consideran que son los legítimos concesionarios de las ocupaciones tras otorgarles la Junta los títulos habilitantes, por lo que creen que estas cuestiones ya no se deben regir por los pliegos de condiciones de las adjudicaciones de la explotación de estos establecimientos.

Los hosteleros también han manifestado que existía un acuerdo con el Ayuntamiento para poder ocupar 120 metros cuadrados de terraza, que se unirían a los 150 metros cuadrados de las instalaciones desmontables. Por ello, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA), José Antonio Medina, ha llegado a calificar como "deslealtad" la actuación municipal.