La polémica de los chiringuitos AECCA asegura que la anulación de las multas se debe a su denuncia

  • La asociación afirma que Martín Vila “no está habilitado para sancionar a ninguna instalación”

La terraza de uno de los chiringuitos de la playa de La Victoria. La terraza de uno de los chiringuitos de la playa de La Victoria.

La terraza de uno de los chiringuitos de la playa de La Victoria. / Julio González

La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) ha asegurado que la anulación de los expedientes sancionadores que el Ayuntamiento de Cádiz mantenía abiertos contra los chiringuitos por exceso de ocupación se debe a la denuncia que mantiene en los juzgados contra el concejal de Urbanismo, Martín Vila, por un presunto delito de prevaricación por el que tuvo que declarar el pasado 14 de febrero dentro de las diligencias previas.

Esta entidad empresarial explicó en una nota de prensa que la demanda se hizo “tras entender que se estaba realizando un uso arbitrario de la ocupación en la arena entre distintos establecimientos”. Por ello, considera que “no está habilitado para sancionar a ninguna instalación”. Asimismo, ha rechazado este colectivo que la anulación de las multas se deba a que son “terceros de buena fe”.

AECCA hizo alusión en su comunicado a unas “declaraciones falsas” de Vila en las que decía el concejal que esta asociación había retirado la denuncia y que no había presentado recursos a la apertura de los expedientes. Ante esto, señaló que “no solo presentamos recursos, sino que debido al silencio administrativo se han otorgado medidas cautelares”. Por ello, aseguró que “no puede sancionar ni expedientar a los establecimientos implicados”.

Resalta que los empresarios cuentan con la autorización de la Junta de Andalucía

Por otra parte, la asociación que representa a los chiringuitos resaltó sobre “una supuesta autorización de otra Administración” a la que se hacía referencia en la información a partir de fuentes municipales que esta afirmación “no es nada coherente” al resaltar que los establecimientos cuentan con una autorización en precario otorgada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que es “la que tiene las competencias en la materia de Dominio Público Marítimo-Terrestre”, una cuestión que el Ayuntamiento de Cádiz ha recurrido por la vía contenciosa administrativa.

Con todo, AECCA celebró en su comunicado que “desde el Consistorio entiendan que no pueden estar continuamente poniendo en dificultades a aquellos que desean poner en valor las playas gaditanas con su esfuerzo e inversión, y con la mentalidad puesta en ofrecer a vecinos y visitantes el mejor servicio posible”.

Por ello, la asociación resaltó que “espera que esta situación haga reflexionar al Ayuntamiento para que se retome la senda del diálogo y el buen entendimiento entre las partes afectadas”.

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