Cuando el Ayuntamiento puso en marcha el programa de viviendas para jóvenes en alquiler con opción a compra a los cinco años la realidad era bien distinta. Entonces, se pensaba que esta iniciativa pionera en el país facilitaría a los beneficiarios un acceso a la vivienda más suave que una compra directa, beneficiándose de las condiciones. Se veía como algo modélico, como una propuesta sin parangón.

De eso han pasado ya más de siete años. Y la realidad que se le presenta hoy a la empresa municipal de Procasa en relación a este tipo de promociones es bien distinta. De hecho, puede ser una de los programas más complicados de los que tiene en marcha este ente público.

La polémica suscitada esta semana a raíz de que los inquilinos y potenciales compradores de una de estas promociones denunciaran el precio que pedía Procasa por cada metro cuadrado y la imposibilidad actual de conseguir la financiación de la hipoteca necesaria, dada las condiciones económicas y laborales de la mayoría de estos jóvenes, ha destapado diversas lagunas que hasta ahora no eran visibles en estas iniciativas dirigidas a los jóvenes.

El programa de viviendas para jóvenes en alquiler con opción a compra a los cinco años ha cumplido su ecuador, ya que la mitad de las fincas destinadas a este ya han superado esos cinco años. Y los datos, las circunstancias y las consecuencias de la realidad actual están muy alejados de lo que se preveía a principios de siglo.

Hace siete años, a buen seguro todos pensaban que la inmensa mayoría (por no decir todos) de los jóvenes que accedían a una de estas viviendas en alquiler ejercerían la opción de compra a los cinco años. Los precios mucho más económicos que en el mercado inmobiliario privado, el hecho de que las cantidades abonadas durante los cinco años serían descontadas del precio de venta final y la confianza en que transcurridos cinco años las circunstancias de los beneficiarios serían mucho mejores auguraban un éxito de esta iniciativa.

No obstante, llegados a este punto la situación es bien distinta. Hoy se cumplen cinco años desde que se entregaron las llaves del 2 de Enrique el Mellizo (finca en la que ha surgido la polémica). Con esta finca, son ya 13 las que han cumplido ese período establecido en el programa. Justo la mitad de las 26 fincas que adquirió Procasa para destinarlas a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

Estas 13 fincas suman un total de 69 viviendas. Y los sorprendente es que pasados los cincos años tan solo se han vendido 18 de ellas. Un 26% del total. O lo que es lo mismo, cumplidos los cinco años Procasa solo ha vendido una de cada cuatro viviendas destinadas a este programa.

Las cifras, sin embargo, no responden a una media exacta en cada promoción. Así, hay un caso en el que todos los vecinos han adquirido sus casas (el número 5 y 6 de la calle Arricruz) y otros en los que nadie lo ha hecho (en el 6 de San Juan de Dios, en el 3 de Goleta o en el caso más actual del 2 de Enrique el Mellizo). A partir de ahí, los porcentajes son muy variados. En la primera promoción de este programa de jóvenes, en Teniente Andújar 18 y 20, de los diez pisos solo se han vendido cuatro; en la promoción de San Juan 23 se ha vendido una vivienda de cinco; y en la de Mesón 15 una vivienda de cuatro. En el 8 de la calle Ángel se han vendido dos de ocho; y en el 14 de Sopranis seis de diez. Esos son los datos a día de hoy, a la espera de que vayan cumpliendo los cinco años de alquiler las otras 13 fincas incluidas en este programa municipal.

Así las cosas, de contar con 69 viviendas ya vendidas a tener únicamente 18 supone un cambio de planes muy considerable para Procasa. En primer lugar, esto impide a la empresa municipal recuperar una parte muy importante del dinero invertido en su día para construir estas promociones; y, a su vez, dificulta también la reinversión del dinero de esas operaciones de compra en nuevas promociones y rehabilitaciones. Por tanto, es de esperar que el programa de actuaciones previsto por Procasa sufra una ralentización en los próximos años.

No obstante, el concejal de Vivienda, Pablo Román, aclara que tanto Procasa como el Ayuntamiento "no tienen un objetivo económico más allá que el coste de las operaciones que se realizan para poner en marcha las promociones". "La finalidad social es la que prima en todas estas actuaciones", añade.

Otra de las grandes incógnitas que ha generado la imposibilidad de muchos jóvenes de hacer frente ahora a la compra de la vivienda es su futuro. ¿Qué ocurre con ellos? Algunos pensaban que al cumplir esos cinco años, o se adquiría la vivienda o tenía que abandonarla para dar paso a otro joven que iniciara entonces ese período de alquiler para la posterior adquisición. Nada de eso. "Teníamos y tenemos claro que el programa es de carácter social y que no vamos a hacer nada respecto a los adjudicatarios que pudiera perjudicarles. El Ayuntamiento nunca va a poner a nadie en la calle", asevera Pablo Román, quien añade que este extremo "lo teníamos claro antes que no había crisis, y ahora".

Sobre esto, el Ayuntamiento precisa que no es ninguna novedad, sino que el hecho de que el joven que no adquiera su vivienda siga en régimen de alquiler se viene dando desde hace dos años, cuando cumplió la primera promoción.

Aquel que decida no adquirir su vivienda transcurridos los cincos años seguirá viviendo allí en régimen de alquiler. Esa es la premisa del Ayuntamiento. ¿Pero cómo? ¿Siguen las mismas condiciones que tenía en el contrato de cinco años? ¿Se queda de manera indefinida, o por un período concreto?

Ante la situación que ha sobrevenido en este programa con motivo de la crisis económica y laboral, Procasa ha articulado la siguiente fórmula: en caso de que un joven no adquiera el piso, se le amplía el contrato de alquiler por un período de tres años. Pero en este tiempo no se le resta las mensualidades abonadas de cara a una futura opción de compra de la vivienda. "La concesión de una prórroga es ya un esfuerzo económico que implica el no recibir en el año estipulado el importe que sufraga los costes de la construcción", explica Pablo Román, quien también añade que "hay que tener en cuenta que Procasa tiene también unas obligaciones de pago con las entidades que han facilitado el crédito para la construcción de las viviendas".

Con esta fórmula, la situación queda solventada por el momento. Pero claro, la pregunta que surge ahora es qué ocurrirá al transcurrir esos tres años (en 2014, por ejemplo, para la promoción de Teniente Andújar 20).

Una de las fórmulas que plantean los vecinos de Enrique el Mellizo es constituir una hipoteca municipal a la que ellos poder subrogarse para hacer así frente a la adquisición de estas viviendas. Esta propuesta ha sido planteada en el Ayuntamiento, donde indican que ese tipo de operaciones es propia de las entidades bancarias y, por tanto, no es función de una entidad local realizar fórmulas económicas de este tipo. Así, se rechaza el planteamiento lanzado por los vecinos.

Esta es, a grandes rasgos, la situación que está viviendo actualmente Procasa con estas promociones que fueron concebidas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes gaditanos -a la vez que para rejuvenecer el casco histórico- pero que después de siete años se ha topado de bruces con los efectos de la crisis económica en la que está sumergida el país desde hace unos años. Por el momento, seguir con el alquiler es la única opción a la que pueden aferrarse estos jóvenes (algunos con serias dificultades para abonar esas mensualidades que pueden rondar los 200 euros de media). Y al mismo tiempo, mantener el régimen de alquiler es también la única solución que ha encontrado Procasa, que con este programa de viviendas para jóvenes tiene ante sí posiblemente la cerradura más difícil que abrir. Es la crisis inmobiliaria en su versión de promoción pública.