Cádiz

Un callejón sin salida

  • El Ayuntamiento y la Junta se reúnen mañana para buscar una solución jurídica que permita la modificación de las concesiones de los chiringuitos.

Los empresarios de los chiringuitos iniciaron hace dos años una batalla para intentar conseguir que los negocios playeros puedan estar abiertos durante todo el año. Una disputa en la que los hosteleros se encuentran en medio de las dos administraciones competentes, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. 

El conflicto entre ambas instituciones sobre las formas para realizar el procedimiento burocrático sigue generando incertidumbre entre los seis establecimientos que pretenden abrir en invierno -Pikachos, Potito, Potito Beach, Malibú, Kalabeach y NahuBeach-. De ellos, los cinco que se encuentran en las playas de Santa María del Mar y La Victoria aún tienen margen de maniobra hasta final de noviembre, mientras que NahuBeach, situado en Cortadura, debe conocer el resultado de este desencuentro lo antes posible al haber vencido su contrato el pasado lunes. 

Todo dependerá de la reunión en la que participarán mañana el alcalde, José María González, y el delegado territorial de Medio Ambiente, Ángel Acuña. En ella se intentará buscar una solución jurídica a este callejón sin salida. Ésta pasará irremediablemente por el cambio de postura del Ayuntamiento, que ha solicitado una autorización extraordinaria en vez de una modificación sustancial de las concesiones. Una pelea entre administraciones que ha protagonizado la actualidad de las últimas semanas, pero que tiene un largo recorrido para poder comprenderla. 

El pliego de condiciones

El actual pliego de condiciones fue elaborado por el anterior equipo de Gobierno del PP. La puesta en marcha de la licitación fue aprobada en Junta de Gobierno Local el 8 de noviembre de 2013. La oferta de este concurso contemplaba nueve chiringuitos (uno en Santa María del Mar, seis en La Victoria y dos en Cortadura). La principal novedad de esta adjudicación fue el estreno de las nuevas instalaciones. Así, los chiringuitos cuentan con una superficie de 150 metros cuadrados, a los que hay que sumar los módulos destinados a almacén y aseos. Asimismo, se ampliaron los periodos de explotación de los establecimientos, que comprenden del 1 de marzo al 30 de noviembre en Santa María del Mar y La Victoria, y del 1 de mayo al 31 de octubre en Cortadura, con la obligación de prestar los servicios del 1 de julio al 30 de septiembre. Los contratos tienen una duración de 10 años más otros cuatro prorrogables.

En febrero de 2014 finalizó el concurso con la adjudicación de los chiringuitos Pikachos, Sotavento, Marimba, Potito, Potito Beach, Malibú, Kalabeach, El Pez Frito y NahuBeach. 

Las competencias

En el año 2011, la Junta de Andalucía recibió del Gobierno central la competencia para la gestión de las playas. Dentro de un proceso de negociación progresivo con los hosteleros desde que se puso al mando en este asunto, la Administración autonómica decidió sacar los chiringuitos de los planes de playas, lo que posibilitó que su periodo de apertura no estuviera limitado a lo que contempla dicha planificación. Esto dio vía libre a que estas instalaciones se pudieran abrir durante todo el año. Un trámite que se ha ido solventando siempre a partir de la solicitud de los hosteleros a sus respectivos municipios, que a su vez tienen que elevar el trámite a la Junta. 

Dentro de sus competencias, la Junta realiza la Concesión de Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre de los espacios que ocupan los chiringuitos a los ayuntamientos, que son los encargados de realizar los concursos públicos para las adjudicaciones en virtud de la normativa vigente, de los cuales cobran a los hosteleros el canon respectivo, con el beneficio que esto supone para las arcas municipales. La actual que tiene el Ayuntamiento data del 22 de marzo de 2013, a partir de la que se realizó el pliego de condiciones.

Actualmente, el único consistorio de la provincia que no realiza una gestión directa de la concesión de los chiringuitos es Chipiona. El delegado territorial de Medio Ambiente, Ángel Acuña, amenazó el pasado jueves con replantear su relación con el Ayuntamiento de la capital gaditana a partir de este conflicto, lo que podría suponer el rescate de la gestión de la adjudicación de los chiringuitos.

El cambio normativo

Durante todo este proceso, la normativa en materia de playas ha sufrido una importante transformación. El 30 de mayo de 2013 el BOE publicó la reforma de la Ley de Costas, que viene a sustituir a la anterior que databa de 1988. Posteriormente, ésta se desarrolla a través del Real Decreto del Reglamento General de Costas, que entró en vigor el 11 de octubre de 2014.

La legislación en materia de playas pasa a ser mucho más flexible, teniendo entre sus avances el aumento del espacio destinado a los chiringuitos -que alcanzan los 300 metros cuadrados divididos en 150 metros cuadrados de instalación cerrada, 50 metros cuadrados de terraza cerrada, 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable y 30 metros cuadrados de zona de aseos-, el establecimiento de una distancia entre restaurantes de al menos 150 metros, una mayor flexibilidad para otorgar las concesiones o la posibilidad de la realización de planes de playas y concesiones de forma plurianual en vez de anual. Una normativa a la que la Junta de Andalucía, a partir de la interpretación de sus servicios jurídicos, se ha tenido que ir adaptando poco a poco. 

El primer intento de 2014

Fruto de los cambios que se estaban produciendo en el Reglamento de Costas y la adaptación de la normativa, tres chiringuitos solicitaron formalmente por primera vez al Ayuntamiento en 2014 la apertura de los negocios durante los meses de invierno. Éstos fueron Potito, Potito Beach y Malibú, los tres en la playa de La Victoria. Este paso lo dieron tras constatar que ya otros restaurantes playeros de la provincia habían comenzado a tramitar esta autorización ante sus consistorios. Asimismo, otro de los motivos por el que solicitaron el cambio es la larga duración de los contratos -10 años más otros cuatro de prórroga-, lo que limitaba la acción de los hosteleros para poder acogerse al cambio legislativo. 

A pesar de entregar los hosteleros los estudios de dinámica del litoral que se les había solicitado, el Ayuntamiento, aún en manos del PP, argumentó que la tramitación de la apertura en invierno no era posible ya que "alteraría sustancialmente el pliego de condiciones y podrían verse perjudicadas las empresas que participaron en el concurso de adjudicación y se quedaron fuera o aquellas que no se presentaron al no conocer esas condiciones". Por ello, el 1 de diciembre de ese año se ordenó el desmontaje de las instalaciones.

El caso de 2015

Ante la llegada en 2015 de un nuevo equipo de Gobierno a San Juan de Dios formado por Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común, los hosteleros emprendieron de nuevo la lucha para conseguir la apertura en invierno. Al igual que en 2014, los tres mismos chiringuitos solicitaron no tener que desmontar sus instalaciones. En esta ocasión, sí obtuvieron el visto bueno municipal, cuyo acuerdo para la tramitación se tomó el 6 de noviembre en Junta de Gobierno Local. 

De las negociaciones con los hosteleros salió el compromiso de realizar un estudio jurídico para ver la viabilidad de la ampliación de la superficie de los establecimientos y la permanencia durante todo el año para lo que resta del contrato de concesión. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente recibió el 27 de noviembre la solicitud para la modificación de las condiciones de la explotación. La Administración autonómica emitió el 30 de noviembre la autorización extraordinaria durante tres meses para que pudieran seguir abiertos los chiringuitos Potito, Potito Beach y Malibú. 

¿Qué sucede en la actual temporada?

El germen del conflicto entre la Junta y el Ayuntamiento está en el requerimiento realizado por el Gobierno andaluz con fecha de 10 de diciembre de 2015, en el que se considera que lo que se produce es una modificación sustancial de la concesión otorgada al Consistorio. Así, la Delegación Territorial de Medio Ambiente da por iniciada la tramitación de dicha modificación sustancial, para la que reclama, entre otros asuntos, que se subsane la documentación que ya había entregado anteriormente. 

Tras no recibir Medio Ambiente la información que había pedido, Ángel Acuña requirió al Ayuntamiento el pasado mes de septiembre a través de los medios de comunicación que le remitiera cuanto antes toda la documentación y la solicitud del inicio de la tramitación de la modificación sustancial al echarse encima los plazos para poder dar los permisos correspondientes.

Ante esto, el pasado 6 de octubre, la Junta de Gobierno Local aprobó la tramitación para solicitar la autorización extraordinaria de apertura de los chiringuitos. Sin embargo, el pasado 18 de octubre, Acuña envió un escrito al Ayuntamiento recordando que el procedimiento que debe realizar es el de modificación sustancial de las concesiones, cuyo inicio del trámite posibilitaría un permiso provisional mientras que se resuelve el expediente administrativo, por lo que dio un plazo de 15 días para que el Consistorio se posicionara sobre este tema.  

A pesar de la advertencia, el pasado lunes entregó el Consistorio la petición de autorización extraordinaria, que fue denegada por la Junta el pasado jueves al argumentar que no podía volver a tramitarla al poder cometer "un fraude de ley", por lo que volvió a indicar que el camino a seguir es el de la modificación sustancial de las concesiones. 

¿Qué criterio sigue el Ayuntamiento?

El principal problema en el que se refugia el Ayuntamiento para no pedir una modificación sustancial es que una variación del pliego de condiciones en vigor puede costarle una reclamación judicial de cualquier empresario al alterarse a posteriori la normativa por la que se rigió el proceso, a pesar de que el reglamento también ha cambiado durante este proceso. 

 

El argumento jurídico que maneja el Consistorio es la consulta, que no es vinculante, realizada el pasado mes de junio -la Junta ya había advertido en diciembre de 2015 de la necesidad de realizar el trámite-, y cuya respuesta se recibió el pasado 28 de octubre, a la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en la que se afirma que el procedimiento "vulneraría el principio de libre concurrencia al suponer una modificación sustancial del contrato inicial, debiendo iniciarse un nuevo procedimiento de contratación". 

 

Este criterio es similar al utilizado por el anterior equipo de Gobierno para denegar la tramitación del permiso en 2014. Sin embargo, con el cambio al frente de la Alcaldía, en 2015 se permitió que se quedaran los chiringuitos provisionalmente y siempre se les ha dicho a los empresarios desde San Juan de Dios que los establecimientos no se desmontarían. 

¿Qué criterio sigue la Junta?

Desde que la Delegación Territorial de Medio Ambiente concediera el permiso extraordinario en 2015, se le ha hecho llegar al Ayuntamiento que para la siguiente temporada se debía cumplimentar el proceso de modificación sustancial de las concesiones. El argumento de la Junta es que el periodo de explotación excede en demasía del que se recoge en la Concesión de Ocupación del Dominio Público -nueve meses para Santa María del Mar y La Victoria y seis meses para Cortadura-. También sucede lo mismo con la ampliación de la superficie, que doblaría el espacio que recoge el pliego.

 

Para ello, se basa en el artículo 162 del Reglamento General de Costas, que permite la modificación  "cuando lo exija su adecuación a los planes o normas correspondientes". La interpretación que hace la Junta de esta norma obliga al Ayuntamiento a la solicitud de la modificación sustancial de la concesión que le realiza para la utilización del suelo. Una vez que reciba el visto bueno, esta variación ya se podría aplicar a los pliegos de condiciones de los contratos afectados. A partir de ahí, la Administración andaluza ya considera que es responsabilidad del Ayuntamiento darle forma jurídica a este cambio.

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