Miguel Osuna Molina, ex delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, vive en la actualidad dos batallas por razón de su cargo. Una es la puramente judicial y es la que le ha llevado a salir absuelto del caso Rilco por un lado y la que le mantiene imputado en el de Quality Food, donde previsiblemente va a tener que sentarse en los próximos meses en el banquillo de los acusados.

La otra es con los abogados del Estado que le asesoraron al frente de su cargo público, especialmente contra uno de ellos, que fue el que redactó la denuncia contra el propio Osuna en Quality Food.

El ex delegado del Estado ha enviado varios escritos al actual gestor del Consorcio, Jorge Ramos, en el que detalla una a una todas las actuaciones que, a su juicio, han realizado estos letrados y que han sido perjudiciales para su persona y para la propia Zona Franca. En estos escritos que comenzaron ya en el año 2012 y que han llegado hasta el año pasado, Osuna pedía la recusación y la retirada de los poderes otorgados a los dos abogados del Estado para representarlas en cualquier litigio legal del Consorcio y de Sogebaq, que fue la sociedad pública del Consorcio que se hizo con el accionariado de Quality Food. Osuna ha reiterado estos escritos a lo largo de estos años, pero ha tenido un nulo efecto en el actual delegado del Estado.

Osuna había reiterado en varias ocasiones de manera pública, incluido durante el juicio del caso Rilco, que la actuación de los abogados del Estado se había producido "por una inquina personal" hacia el ex delegado del Estado.

Osuna presentó un recurso de revisión en el Tribunal Supremo sobre el caso Rilco ya que fue absuelto en la vía penal pero había sido condenado a devolver 2,6 millones por el Tribunal de Cuentas. El ex delegado afirma en uno de los escritos enviados a la Zona Franca que los abogados del Estado iban a ser acusados de colaboradores necesarios en la comisión de los delitos por los que fue condenado su antecesor en el cargo, Manuel Rodríguez de Castro.

Miguel Osuna detalla lo que a su parecer son irregularidades a la hora de llevar a cabo las acusaciones contra él. Entre ellos enumera a Jorge Ramos una serie de "documentos exculpatorios" solicitados por el abogado de Osuna y que estando en poder de Zona Franca "habían sido obviados por el señor Ruiz Piñas porque distorsionarían su falsa acusación" y, por lo tanto, creo que eso es motivo de responsabilidad penal.

En Rilco asevera que ha habido documentación que no ha sido encontrada como las órdenes de pago de Rilco y los anexos de las actas de los consejos de administración de Rilco entre junio e 2002 y 2004 entre otros. "Se han hecho desaparecer documentos que exculpaban la responsabilidad penal y contable de Miguel Osuna", señalo en un escrito que envió en noviembre de 2012.

El ex delegado del Estado habla de "una auténtica caza de brujas" hacia su persona. "Si como dice el señor Ruiz Piñas hice un uso fraudulento de las sociedades con una finalidad delictiva, fue con su visto bueno como asesor y el voto favorable de su esposa", con la que también mantuvo diferencias y con la que compitió para diversos puestos en la administración.

Miguel Osuna también resalta que los letrados con sus actuaciones han originado un perjuicio a la Zona Franca de Cádiz, por lo que le pide que tome "las medidas que estime convenientes". Entre otras cosas no haber alegado ante el Juzgado de lo mercantil, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 28 de diciembre de 2007 por el que se condenaba al auditor de Quality Food. Osuna considera, tal y como aparece en los escritos, que se debió exigir responsabilidades civiles al auditor por los efectos que tuvo en las cuentas de 2002.

Osuna, sin embargo, esta batalla la ha perdido de momento porque los escritos enviados no han tenido el efecto que deseaba en los actuales gestores de la Zona Franca de Cádiz.