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El ascensor se enfrenta al patrimonio en el casco antiguo

  • Desde que en 2012 se permitió su instalación en los patios de las fincas del casco histórico sólo se han aprobado 30

  • 2017 era la fecha límite para adaptarse a la accesibilidad universal

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El patrimonio del casco antiguo de Cádiz mantiene una dura pugna con la accesibilidad universal. Desde el 4 de diciembre todas las personas, independientemente de su estado físico, deberían acceder fácilmente a todos los edificios. Pero más del 85 por ciento de viviendas censadas del casco antiguo carecen de ascensor. Concretamente, desde 2012 se ha permitido la instalación sólo de treinta.

Estas cifras siguen chocando con el espíritu aperturista que mostró la última edición del PGOU gaditano, que se hizo más amable permitiendo que en los patios de nuestras fincas centenarias pudieran instalarse elevadores para subir a sus cimas, muy complicadas de alcanzar en la mayoría de los casos. Pero la norma establece condiciones arquitectónicas, técnicas y constructivas en las fincas catalogadas con grado 2 y 3, por lo que han sido pocos los proyectos que han pasado la criba de la comisión municipal de patrimonio, que era otro de los condicionantes recogido en la normativa: tener el visto bueno de este tribunal.

Esto ha abierto el gran debate y ha suscitado críticas de los agentes implicados del sector, que consideran "duros" los criterios establecidos en la comisión de patrimonio. Pero, ¿por qué es tan difícil adaptar los edificios centenarios? ¿Por qué acusan de arbitrariedad a las comisiones? ¿Debe primar el patrimonio por encima de la accesibilidad? ¿O la accesibilidad por encima del patrimonio en un casco antiguo que ya en los 70 fue declarado Conjunto Histórico Artístico? ¿Qué dice exactamente la norma?

Fernando Mejías, decano del Colegio de Arquitectos de Cádiz, señala que les llegan quejas formales de los colegiados por las resoluciones de la comisión municipal de patrimonio, que deben dar el visto bueno. "De hecho, hemos solicitado una cita al concejal de Urbanismo, Martín Vila, para tratar éste y otros temas". Pero Mejías reconoce la complejidad de un tema que tiene dos patas importantes. "Por un lado la defensa y protección del patrimonio, respaldado tanto por su declaración como Conjunto Histórico como por el último PGOU que incrementó esta protección". Y por otra, "con la que todos somos sensibles, es la accesibilidad universal, que ha introducido un concepto jurídico importante y es que se remite a los ajustes razonables". Afirma el arquitecto que la norma por tanto "admite que no es posible en todos sitios y llama a disponer de todas las alternativas que se puedan para cumplir este decreto". Es decir, "no se tiene por qué cumplir totalmente para no desvirtuar el bien, buscando otras opciones que hagan más accesible el edificio" como rampas o plataformas elevadoras, por ejemplo.

Mejías también aclama a la "solidaridad universal", en referencia a la actitud de muchos vecinos y comunidades que no quieren ceder espacio privado para propiciar la instalación de elevadores en otras zonas de las fincas.

Y es que la comisión municipal de patrimonio aboga por actuar en zona privativa cuando se trata de vivienda catalogada, lo que muchas veces es denegado por los vecinos al tener que perder parte de sus vivienda. Si bien, algunos proyectos han logrado construirse con éxito en los patios, lo que trae de cabeza a quiénes no lo consiguen.

De todo esto sabe mucho el técnico municipal, el arquitecto técnico y miembro de la comisión municipal de patrimonio, Cayetano Torres, quien aclara antes que nada que "el primer requisito que establece el artículo 4.2.25 de las NNUU del PGOU -que es el que regula las condiciones de implantación de un ascensor- es que se instale en el patio cuando sea técnicamente imposible su instalación en otro emplazamiento". Es decir, la norma fue aperturista, pero tajante: primero zona privativa y luego el patio.

"En muchos casos es posible la instalación del ascensor en diferentes zonas del inmueble sin que para ello se produzca la invasión del patio principal como elemento característico de tipología de casa gaditana", defiende. De hecho afirma que "una solución genérica y válida para todos los patios entiende la comisión que no es viable, ya que cada patio posee características tipológicas diferentes".

Por su parte Rafael Trujillo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de la provincia de Cádiz, considera que "el PGOU de Cádiz es muy rígido y no permite muchas alteraciones, ante lo que nos llegan quejas". En este sentido acude al decreto del 4 de diciembre de la Accesibilidad Universal, "que dice claramente que hay que adaptar todos los edificios, y no sólo cuando un vecino impedido o mayor de 70 años lo solicite, sino en todos los casos". Valora positivamente "la aclaración lógica que es el 'ajuste razonable' al que se refiere el decreto, y donde entran de lleno los edificios del casco antiguo de Cádiz", por lo que arremete contra la normativa gaditana al establecer que "debería haber previsto esa situación, porque hablamos de un derecho universal, y el PGOU es un traje hecho a medida exacta".

Por tanto, añade Trujillo, "choca con la protección del patrimonio, pero, ¿qué está por encima?. Esto se resolverá en los tribunales".

En este sentido se manifiesta Paco Gómez, Portavoz de la Asociación de Vecinos de Cádiz Centro y también miembro de la comisión municipal de patrimonio, quien afirma que "el 80 por ciento de peticiones de instalación se rechaza por no reunir los requisitos. La mayoría es porque se plantean en los patios principales y las alternativas pasan por que los vecinos pierdan parte de su vivienda, y no quieren".

Sin duda, afirma, "es un problema y hay que buscar una solución, que podría pasar por la modificación del PGOU, la búsqueda de un prototipo de ascensor y apostar por la reversibilidad de las intervenciones, es decir que un ascensor se pueda quitar en un futuro para acceder a restos arqueológicos, por ejemplo". Asegura Gómez que "hay que buscar un equilibrio entre la protección del patrimonio y la accesibilidad".

Cuestionado sobre las posibles alternativas cuando un proyecto no cuenta con el visto bueno de la comisión municipal de patrimonio, el técnico municipal Cayetano Torres asegura que "la misión de la comisión municipal de patrimonio en principio debe acotarse en el análisis y dictamen de documentación técnica presentada".

No obstante, añade, "han existido casos en que se han realizado recomendaciones en cuanto ubicación cuando de forma clara los técnicos han evidenciado la posibilidad técnica de otra ubicación en aras de abrir un camino para obtener la autorización de la instalación". Por todo, Torres esgrime que se admiten "ajustes razonables a nivel de cumplimiento de la normativa específica de accesibilidad y en aras de preservar el patrimonio protegido".

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