El alcalde José María González ha firmado un decreto con fecha de 13 de marzo en el que realiza un nuevo ajuste presupuestario en los que están vigentes en la actualidad, es decir, los de 2016. Tal y como ha denunciado el Grupo Municipal del Partido Popular en una rueda de prensa esta mañana, los recortes son de casi 2,4 millones de euros, de los que un millón de euros se refieren a retribuciones del personal municipal, 800.000 euros en materia del contrato de limpieza y el resto en otras partidas.

Los ediles populares Ignacio Romaní y José Blas Fernández aseguran que este decreto se firma justo el día antes que se le notificara al Partido Popular la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el que se anulan los presupuestos de 2016 y, por lo tanto, habría que remontarse a los de 2014. En el caso de que finalmente el equipo de gobierno decida no recurrir esta sentencia, desde el 7 de marzo entraría en vigor y, por lo tanto, todo lo que se hubiera hecho desde entonces quedaría fuera de la legalidad.

El Partido Popular cargó también las tintas porque tras los tres ajustes que han realizado en ese presupuesto desde 2016, los ingresos han quedado reducidos a 139 millones de euros, una cifra que lleva atrás en diez años las cuentas municipales.

Desde el PP también se criticó duramente al PSOE y se preguntan si el portavoz de los socialistas, Feran González, conocía este nuevo ajuste y si está tratando de salvalrle los papeles al equipo de gobierno tratando de aprobar los presupuestos antes de que llegue el 30 de abril, fecha límite para presentar el recurso por la sentencia del TSJA. José Blas Fernández lamentó que haya pasado un mes desde este fallo judicial y que todavía no se haya firmado el decreto para ajustar las cuentas de 2016 a las de 2014.