El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz ha alertado de que “con toda seguridad repuntará la morosidad en las comunidades de propietarios”. El argumento es que un gran número de ciudadanos “sufrirá un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y, en el peor de los casos, el despido de sus puestos de trabajo”. Por ello, añade que esta crisis provocada por el Covid-19 “reducirá los ingresos” que, por cuotas comunitarias, pagan los propietarios en sus comunidades”.

En este sentido,  los administradores de fincas han realizado una serie de propuestas al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios “para contribuir a mejorar las condiciones de la desescalada para los ciudadanos cuando finalice el Estado de Alarma”.

Uno de los aspectos es que creen que es muy necesario preservar todos los aspectos sanitarios en los edificios, “para lo que es necesario desarrollar protocolos de actuación para seguir conservando las condiciones higiénicas necesarias y evitar cualquier tipo de contagio que pueda hacer repuntar la pandemia”.

Así, llama la atención en que hay que tener en cuenta que en muchas comunidades por todo el país hay piscinas y, por lo tanto, “hay que adelantarse y regular cómo hay que gestionar este servicio el próximo verano” con el objetivo de que en, absolutamente todos los sitios, se sigan las mismas normas y criterios sobre apertura, condiciones y durante cuánto tiempo.

Sobre las juntas generales anuales en las comunidades, se propone la ampliación del plazo “y se deben de mantener las personas que desempeñan los cargos en las comunidades de propietarios para garantizar su funcionamiento durante esta ampliación”.

Igualmente se propone que se regule la posibilidad de celebrar telemáticamente las juntas de propietarios “aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías”.

También se ha solicitado que los plazos que afectan a las obligaciones de las comunidades de propietarios deberían de ampliarse un año, hasta el 13 de marzo de 2012, y que el mismo debería afectar a las obligaciones derivadas de las inspecciones técnicas que realizan los inmuebles.

Con ello se persigue que tanto las empresas como los técnicos puedan realizar su trabajo con margen suficiente “y esto conllevaría que también los plazos para la tramitación de subvenciones deberían ser ampliados”.

Los administradores de fincas también han pedido que se haga extensiva la aplicación del IVA reducido de un 10% a todas las obras, suministros y servicios cuyos destinatarios sean las comunidades de propietarios.

En el comunicado de los administradores de fincas se especifica que esta medida es necesaria “para las obras de rehabilitación que sirvan para conservar y mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios, su accesibilidad o la mejora de su eficiencia energética”.

También se busca que las subvenciones del dividendo digital y las destinadas a obras de rehabilitación o supresión de barreras arquitectónicas u otras que se hagan, no tributen en el IRPF, de manera que puedan “aliviar la carga fiscal de un buen número de ciudadanos.

Además, tal y como se hizo en 2010, en la anterior crisis económica, sugieren que se establezcan deducciones en el IRPF por las contribuciones a la ejecución de estas obras.