La pareja acusada por el conocido en Cádiz como 'crimen de la Viña' volvió a negar hoy durante su declaración en el juicio oral que se celebra en la Audiencia Provincial que entraran en casa de la víctima y la mataran, tal y como ya hicieron en el primer juicio celebrado en el año 2002 y que ahora se repite por orden del Tribunal Constitucional.

El hombre acusado por el crimen por un presunto delito de allanamiento de morada, robo y asesinato no reconoció sus declaraciones, policiales y judiciales realizadas en el proceso de instrucción y manifestó que la Policía cuando se encontraba en la Comisaría le amenazó.

Tras el interrogatorio realizado por las diferentes partes personadas en el proceso, la Fiscalía y los abogados de la acusación particular señalaron que el acusado había entrado en contradicciones durante su testimonio, por lo que pidieron al Tribunal que se aceptara la aportación de las declaraciones realizadas durante la instrucción, tanto la que hizo el acusado en Comisaría como la que hizo ante el juez.

Al ser el juicio con jurado popular, éste debe dar su veredicto final sobre lo escuchado durante la vista oral. No obstante, la Ley en la que se basa el jurado popular permite que en caso de que haya contradicciones por parte del acusado las partes puedan aportar los testimonios previos realizados en las declaraciones para que sean tenidas en cuenta por los miembros del jurado.

Una de las pruebas que podría considerarse como clave en el caso es la aparición de unas joyas pertenecientes a la víctima que aparecieron en casa de los acusados encima de un mueble. En este sentido, la mujer acusada, aseguró que nunca había visto las joyas en su casa e indicó que no sabía si las había puesto allí (encima del mueble) la Policía.

Asimismo, la mujer señaló, en contra de lo que manifestado por su pareja, que ella no se sintió amenazada por la policía o por el juez durante sus declaraciones.

El juicio por este crimen se celebró en junio de 2002, siendo entonces absueltos los dos acusados, al considerarlo el jurado popular entonces como no culpables, señalando que no fueron presentadas pruebas contundentes.

Por su parte, la Fiscalía considera que los acusados entraron en casa de su vecina para robar y al despertarse la víctima y reconocerlos, la apuñalaron. Por ello, pide para cada uno de ellos una pena de 23 años de prisión por delitos de allanamiento de morada, robo y asesinato.

La sentencia absolutoria fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en marzo de 2003 ordenó repetir el juicio porque consideró que a la familia de la víctima no se le facilitaron las cosas para estar en el juicio como acusación particular. La decisión del TSJA fue revocada en marzo de 2005 por el Tribunal Supremo y posteriormente el Tribunal Constitucional revocó al Supremo, ordenando repetir el juicio.