El Ateneo de Cádiz acogió ayer una nueva sesión del ciclo 'La Justicia a debate', siendo el protagonista en esta ocasión el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera.

Como viene siendo habitual en estas particulares conferencias, De Llera se sometió a la batería de preguntas realizadas por los directores del ciclo, Juan Carlos Campo Moreno, magistrado, ex secretario de Estado de Justicia y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, y Ángel Núñez Sánchez, fiscal y ex asesor de la Secretaría de Estado de Justicia.

El objetivo no era otro que el compareciente analizase la problemática de la Administración de Justicia andaluza en un momento que puede calificarse como crítico, tanto por la situación por la que atraviesa y los problemas a los que se enfrenta, como por la magnitud y trascendencia de las reformas que se anuncian.

Así, De Llera realizó un diagnóstico general del "Derecho con mayúsculas" evidenciando las que, a su parecer, son las grandes carencias del sistema: "el modelo jurídico actual, anclado en el siglo XIX con organizaciones obsoletas sin ningún tipo de interconexión entre ellas"; la ratio de jueces, "que en España y en Andalucía se sitúa en 10 magistrados por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa es de 16"; y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una "gran reserva de 1882 -ironizó De Llera- que encomienda la investigación de los delitos a los jueces y no a los policías y a los fiscales", citó el consejero.

Frente a estos déficit en materia judicial, Juan Carlos Campos -uno de los moderadores de la tertulia- se mostró tajante al preguntar: "¿Cómo hay que engarzar entonces las piezas para que este carro ande?", a lo que De Llera no titubeó en responder: "Una acción política honesta en lo único que puede salvar a la Justicia".

Esta acción se materializa, según el responsable andaluz, mediante la adopción de una serie de medidas tales como la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal así como de los sistemas informáticos que agilicen los distintos procedimientos.

Por un lado, De Llera ha explicado que las Oficinas Judicial y Fiscal "supondrán una revolución en la forma de trabajar en los juzgados con un nuevo modelo de organización que propiciará una mejor distribución de las tareas". El consejero defendió que esta novedosa arquitectura interna "permitirá una mayor agilidad en la tramitación de los procesos y mejorará los tiempos de respuesta de este servicio público".

Sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías, ha señalado "los buenos resultados y beneficios de proyectos impulsados por la Junta como el sistema de comunicaciones judiciales vía telemática, Lexnet, la nueva conexión para las comunicaciones entre los juzgados y las cárceles, la interconexión de los juzgados entre sí o el nuevo programa de gestión de archivos judiciales", entre otros.

Finalmente De Llera explicó que la actual situación económica no permite afrontar la inversión necesaria para ejecutar la Ciudad de la Justicia en Cádiz; lo mismo ocurre con la sede judicial de San Fernando. "No son proyectos olvidados, pero hay otras prioridades sociales".

No acabó la tertulia en el Ateneo sin que el consejero exigiese "una reforma urgente del proceso penal actual, la creación de más de 3.000 plazas de jueces y fiscales y la inmediata implantación de los tribunales de instancia".