La Zona Franca de Cádiz va a pedir un informe a la Abogacía General del Estado para que dictamine si sus dos representantes en el Consorcio tienen alguna responsabilidad por presentar tarde un recurso de casación en el Tribunal Supremo sobre Quality Food. Esta petición se hace cinco años después de que la sala de lo Civil del Tribunal Supremo redactara un auto en el que declaraba desierto el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial.

Según se afirma en el auto que consta en poder de este periódico, la Sala dice que el recurrente, en este caso la Zona Franca de Cádiz a través de la abogacía del Estado, había comparecido al recurso de casación pero lo hizo varios meses después transcurrido en exceso el termino del emplazamiento, por lo que se declaraba desierto el recurso y se hacía firme la sentencia.

El comité ejecutivo de la Zona Franca ya aprobó este requerimiento a la Abogacía General del Estado y en el pleno de la pasada semana en los ruegos y preguntas se originó un fuerte debate entre todos los miembros asistentes cuando el concejal del Partido Popular José Blas Fernández, pidió además que se hiciera un informe independiente por algún gabinete jurídico.

Esto provocó algunas protestas, sobre todo por parte del PSOE, que consideraba que se estaba intentando perseguir a los abogados del Estado tras sus actuaciones en los casos Rilco, donde se sentaron en el banquillo los ex delegados por el PP Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna (el primero condenado y el segundo absuelto) y por haber presentado un informe que ha acabado con la imputación de Osuna en el de Quality.

En este sentido, desde el Partido Popular siempre se ha sido muy crítico con la labor de los abogados del Estado en estos dos temas que han acabado en los tribunales.

El procedimiento sobre el que estaba litigando la Zona Franca, a través de la Sociedad General de las Bahías de Cádiz y Algeciras (Sogebaq), era contra el propietario de Quality Food, Manuel García Gallardo, por el coste de las acciones de la empresa alimenticia y el dinero que tenía que darle el Consorcio en concepto de las mismas.

El auto del Tribunal Supremo que elevaba a categoría de definitiva la sentencia de la Audiencia Provincial se produjo en el mes de junio de 2008. En aquel momento los medios de comunicación se limitaron a informar de que la sentencia era firma y que se había rechazado el recurso de casación. Sin embargo, no se hizo público entonces que el motivo era que se había presentado tarde.

El Juzgado de lo Mercantil en primera instancia y posteriormente la Audiencia Provincial de Cádiz determinaron que la Zona Franca debía pagar más de 13,3 millones de euros, a lo que habría que añadir los intereses, por hacerse con las acciones de la corporación alimenticia que le permitió controlar el 51% del consejo de administración.

En aquel momento, cuando se llegó al acuerdo entre la Zona Franca y Manuel García Gallardo se estableció un valor por acción de 2.746 euros, aunque esta cantidad estaba condicionada a posteriores reajustes en función de unos informes periciales que determinarían el valor de la empresa. El valor resultante entre el encargado por la Zona Franca y por Manuel García Gallardo daría el precio de las acciones.

En este sentido, la Zona Franca encargo el informe a Ernst & Young, que otorgaba a Quality un valor negativo de 1,2 millones de euros. La de Manuel García Gallardo se encargó a Price Waterhouse y dio un resultado diametralmente distinto, dándole un valor total de 7,8 millones de euros.

Ante esta disparidad, el fundador de Quality Food puso una denuncia y el Juzgado de lo Mercantil pidió por lo tanto un nuevo informe pericial, que recayó en la empresa KPMG, que la valoró el 18,89 millones de euros. Si se hace la media entre las dos y obviando como hizo la sentencia la más baja, la Zona Franca tiene que pagar más de 13,3 millones de euros a García Gallardo.

Esta sentencia fue recurrida a la Audiencia Provincial y posteriormente se puso un recurso de casación ante el Supremo, pero se hizo tarde. En el mismo además la Abogacía del Estado solicitaba la suspensión del plazo para dictar resolución en el procedimiento porque había una cuestión prejudicial penal.

Y es que precisamente la sentencia a favor de Manuel García Gallardo no se puede ejecutar debido a que hay otro procedimiento penal abierto que todavía se encuentra en fase de instrucción y donde están declarando en la actualidad los testigos aportados por el último imputado, Miguel Osuna, que en su día fue el que puso la querella criminal contra Manuel García Gallardo.

Si el caso penal fuera favorable al fundador del grupo Quality Food, la Zona Franca tendría que pagar el valor de las acciones más los intereses, pero si se ve que ha habido irregularidades y fraude en el proceso, entonces eso tendría una incidencia directa en la sentencia que ha tenido lugar por la vía civil.