El ex delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Alfonso Pozuelo (PP), se ha mostrado indignado porque se haya insinuado que se había tratado de ocultar una auditoría operativa sobre los años 2013-2017, en los que salvo el último, el Consorcio había estado gestionado por el también popular Jorge Ramos.

Este documento reflejaba el precario estado financiero de la Zona Franca de Cádiz, donde se habían acumulado pérdidas por valor de 60 millones en los últimos cinco años, a razón de un 12 millones de media: “lo que no dicen es que José de Mier (delegado socialista) tuvo unas pérdidas de 23 millones en 2012”.

Pozuelo enseñó a este periódico numerosos documentos y correos sobre los pasos que se habían dado para esta auditoría que realizaba la Intervención General del Estado.

Uno de ellos, tal y como entregó a este periódico, fue la Memoria Anual de 2017 que se entregó en el último comité ejecutivo que tuvo lugar en la Zona Franca de Cádiz, “al que, por cierto, no asistió el socialista Fran González”. En la página 52 de ese documento se dice de manera textual que “indicar que en noviembre de 2017 comenzaron los trabajos de auditoría operativa en el marco del Plan Anual 2017 en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, cuyo objeto principal ha sido el área de tesorería y endeudamiento, y el área de inversiones y su sostenibilidad financiera correspondiente al período 2013 a 2017. a la fecha, los trabajos de dicha auditoría han finalizado, estando en período de alegaciones al informe provisional”.

Pozuelo afirma que no se pudo dar el informe definitivo porque éste llegó horas después de celebrarse ese comité ejecutivo. Asimismo, cuando el 3 de julio hace, a su juicio, un detalladísimo traspaso de poderes a su sucesora, Victoria Rodríguez (PSOE), también le menciona la existencia de esta auditoría, aunque reconoce que es un encuentro en el que se le da muchísima información de sopetón.

Pozuelo relata que en la Zona Franca todo el mundo sabía que se estaba realizando esta auditoría y hace una cronología de los hechos.

Así, se remonta al mes de junio de 2017 cuando recibe un escrito de la Intervención General del Estado para decirle que se va a iniciar esta auditoría y que, para ello, todas las comunicaciones han de hacerla a través de una plataforma llamada Audinet.

Una vez que comienza en noviembre de 2017 la auditoría, se le cede en la Zona Franca al interventor un espacio en la sede central y se empieza a recabar toda la información. Incluso, reconoce Pozuelo, que el interventor tiene problemas para acceder a algunos de los programas de la Zona Franca y tiene que intervenir por dos veces el servicio informático para subsanar los errores. Para todas estas comunicaciones hay una serie de correos entre los distintos departamentos.

Pozuelo explica que la auditoría llega a través de la plataforma “y está registrada ahí” el 8 de mayo de este año y se les da 15 días para poder presentar alegaciones. El ex delegado de la Zona Franca aclara que “lo normal es que los propios técnicos son los que presentan las alegaciones y después se informa en el Pleno del Consorcio”.

Finalmente se presentan el 31 de mayo, justo el día en el que se produce la moción de censura contra Mariano Rajoy y que acaba con un cambio de gobierno. Pozuelo afirma que las líneas generales las hace el departamento financiero y que es la Secretaría General la que elabora el documento de PDF que finalmente se envía.

Entre medias hay otras alegaciones a un informe del Tribunal de Cuentas “que éste sí que va al registro de la Zona Franca, porque no hay plataforma telemática como en la otra”.

En este sentido, insiste y se defiende con que “nunca se ha querido ocultar nada porque era absurdo hacerlo”.