La delegada provincial de Justicia de la Junta, Blanca Alcántara, y la presidenta provincial de Cruz Roja Española, Concepción García, firmaron ayer un convenio de colaboración para la ejecución de medidas judiciales sobre menores infractores, alternativas a las privativas de libertad.

Se trata de una prueba piloto que lleva a cabo Cruz Roja, ya experimentada en tareas similares pero destinadas no a menores sino a adultos. Si los resultados son tan positivos como se esperan, Concepción García afirma que se irán implantando en el resto de la provincia donde cuentan con un gran número de delegaciones.

El objetivo primordial de este acuerdo es "tratar de centrar las conductas de estos menores que han llevado a cabo algún delito pero que no son merecedores de la privación de sus libertades", según anunció la delegada provincial de Justicia de la Junta de Andalucía, Blanca Alcántara.

Sobre el porqué se elige en esta ocasión a Cruz Roja, Alcántara dijo que es porque se trata de una organización dedicada "siempre a ayudar y estar cerca de las personas más vulnerables y estos chavales y chavalas son altamente vulnerables".

Si los jueces lo estiman adecuado, estos jóvenes infractores son seleccionados para cumplir sus condenas dedicando su tiempo a ayudar a la comunidad o, en su caso, a la persona directamente afectada por el delito.

"Se les suele dedicar a actividades con vistas a desarrollar sus habilidades", según Alcántara. La presidenta provincial de Cruz Roja insistía en que estos jóvenes entran en cierta forma forzados por la Justicia para sustituir sus penas "pero no tardan en encajarse perfectamente en la organización y pasan a convertirse en auténticos voluntarios y optan por no irse".

En el pasado año 2007, se llegaron a ejecutar 2.176 medidas sustitutorias sobre jóvenes que cometieron algún delito y que han contado con el beneplácito de los tribunales para que no fuera necesario su internamiento temporal.

Y no es este el primer convenio de este tipo que firma Justicia. Ya son más de 30, según la delegada provincial. Algunos se firmaron con otras consejerías de la Junta, otros ayuntamientos, entidades como Afanas, asociaciones de vecinos, etcétera.

Otra vía judicial ideada para estos jóvenes infractores son los actos de conciliación. En cuatro meses llevan ya 47 actos judiciales de conciliación que se basan en un careo mediado por técnicos entre el infractor y su víctima. En dicho acto se trata de convencer a la persona afectada por el delito de la posibilidad de insertar al joven realizando un servicio a la comunidad.

La delegada de Justicia hizo especial mención y una especie de llamada a los padres de esos menores "que a veces se convierten en verdaderos obstáculos para la propia reinserción de sus hijos no reconociéndolos como autores de los delitos".

La prestación social de estos chavales con Cruz Roja o cualquier otra organización de este tipo conlleva un seguimiento por parte de técnicos especializados que reciben informes periódicos sobre el proceder y las actuaciones de estos jóvenes que convierten pronto sus condenas en auténticos voluntariados.