El concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha asegurado esta mañana que el expediente para la restitución de la legalidad urbanística de los chiringuitos por exceso de ocupación de las instalaciones “está inmaculado”. Unas manifestaciones que contrapuso a la nota de prensa emitida por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) ayer, en la que se decía que la retirada de los expedientes sancionadores contra los establecimientos playeros se debía a la denuncia que los hosteleros interpusieron contra Vila por un presunto delito de prevaricación. Un aspecto que el edil de Ganar Cádiz en Común desmintió al defender que toda la tramitación de este asunto “se ha seguido con pulcritud” por parte del Ayuntamiento de Cádiz, por lo que las decisiones “no tienen nada que ver” respecto a lo manifestado por la entidad empresarial.

Vila explicó sobre las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno Local el pasado viernes –que supusieron la anulación de las sanciones y la desestimación de los recursos contra la restitución de la legalidad urbanística y la orden de desmonte de las zonas que exceden la superficie máxima que se recoge en el PGOU– que en el apartado de las multas los chiringuitos “han acreditado que tienen un título en precario de la Junta de Andalucía”, por lo que “hemos entendido que no daría lugar a sanción económica porque pudieran ser terceros de buena fe”.

Mantiene que los establecimientos deben cumplir con lo que marca el PGOU

Sin embargo, afirmó que “siguen adelante” los expedientes de restitución de la legalidad urbanística, por lo que se mantiene en marcha la orden de desmonte de los espacios que vulneran el planeamiento urbanístico. Sobre este aspecto, resaltó Vila que Nahu Beach, situado en la playa de Cortadura, “ya ha procedido a iniciar el desmonte”, mientras que otro chiringuito no recurrió este expediente, por lo que el pasado viernes se aprobó directamente la orden de desmonte.

Respecto a la respuesta recogida en los recursos, en los que se señala que el Ayuntamiento no tiene competencias en esta materia, Vila precisó que “el Ayuntamiento es competente porque así lo determina el Plan General”. Junto a esto, también añadió que “la propia Demarcación de Costas apoya esta interpretación y también la Junta de Andalucía a través de la Guía Técnica para la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre”.