El vicepresidente de la junta directiva del colectivo Juan de la Cosa de Cádiz denuncia que la Dirección General de la Guardia Civil está llevando a cabo una "política de asustaviejas", al enviar escritos a algunos de los vecinos de la calle Juan de la Cosa, de la barriada de Loreto, para que desalojen sus viviendas en un plazo de seis meses.

Son inquilinos de unos edificios destinados a miembros de la Guardia Civil, tanto en activo, en la reserva o retirados. Los bloques, que constan de 72 viviendas y 24 locales comerciales, se construyeron en terrenos cedidos por la Zona Franca a la Dirección General de la Guardia Civil y están en régimen de alquiler, acogidos a la Ley de Protección Oficial de la Vivienda. Se entregaron en el año 1972.

Los escritos han sido enviados a inquilinos -la mayoría de edad avanzada- que tienen otra vivienda en propiedad en la ciudad. "Les piden que desalojen la casa sin tener en cuenta las edades que tienen, los años que llevan viviendo allí y el arraigo en el barrio. Algunos han fallecido ya y ocupan las viviendas sus viudas, mujeres mayores que ahora tienen que irse", afirma el vicepresidente de la junta del colectivo Juan de la Cosa, quien reconoce que lo que se solicita está de acuerdo con la legalidad, pero apela a una cuestión social y pide que "se tenga en cuenta que los guardias civiles somos seres humanos y no se nos puede tratar como una zapatilla". Y es que para él, lo más doloroso es que todas las medidas que se han tomado con los inquilinos de estos pisos han seguido siempre la fórmula de "ordeno y mando". "Después de 45 años de servicio, es triste que en tu mismo cuerpo no te valoren ni te consideren y te traten así", lamenta.

Respecto a los escritos recibidos para desalojar las viviendas, este hombre se pregunta: "¿Cómo ha obtenido la Guardia Civil la información de que algún vecino tiene otra vivienda en propiedad?, porque puede ser con una autorización judicial o que se haya hecho un uso indebido de la base de datos del Catastro que tiene la Guardia Civil". También cuestiona el momento elegido: "¿Por qué se preocupan de echar a esta gente ahora, después de tantos años?, porque algunos compraron la vivienda en los años 80 y viven allí sus hijos".

El vicepresidente de la junta del colectivo Juan de la Cosa cree que, con esta cuestión, la Guardia Civil está llevando a cabo "una política de asustaviejas" y deduce que obedece a "un plan a largo plazo", ya que -argumenta- existe un informe elaborado por la empresa Cogesur que reconoce daños en elementos estructurales del edificio por falta de mantenimiento y no se han renovado los contratos de la mayoría de los locales comerciales. Asegura que la Guardia Civil está utilizando esos locales para almacenar utensilios, algo que, según afirma, "es ilegal".

Cree que el objetivo es declarar el edificio en estado de ruina, como ya hizo con el de la antigua comandancia. "¿Con qué fin? El único que le encuentro es el especulativo", sentencia.

La asociación de vecinos de Loreto apoya la reivindicación de los inquilinos de Juan de la Cosa y entiende que el cierre de los locales comerciales influye en la falta de dinamismo y la propia vida del barrio, según el presidente de la entidad, Manuel Salomón.