El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó ayer, por unanimidad, la congelación del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado viernes un nuevo coeficiente de actualización de los valores catastrales que supondría en la práctica una subida de este impuesto en la ciudad.

Fue una sesión tranquila, sin sobresaltos ni ese clima áspero, crispado, que impera en otras ocasiones. Ayer fue como si los representantes elegidos por el pueblo se impregnaran del espíritu navideño y dejaran las paparruchas para otro día. Se agradeció ver a todos remando en la misma dirección para aprobar una medida que beneficiará a los ciudadanos.

La decisión de variar el gravamen impositivo viene después de que el consejo de ministro realizaba una actualización del coeficiente de valores del catastro cuya referencia, en el caso de Cádiz, databa de 1996 y ahora se le aplicará un coeficiente del 1,05%, lo que suponía, en principio, un incremento del IBI.

Ante esta situación, el gobierno local presentó ayer una propuesta que ha sido respaldada por todos los grupos de la corporación, para evitar precisamente que esta modificación suponga una nueva presión fiscal sobre los vecinos y vecinas de la ciudad y "evitar que ningún gaditano o gaditana pague más por este impuesto", explicó el concejal de Economía y Hacienda, David Navarro.

Así, el Pleno ha aprobado una bajada del tipo de gravamen que pasa del 0,8% actual al 0,762 en este 2018 en los inmuebles clasificados como urbanos. Esta actualización de la ordenanza fiscal pasará ahora a exposición pública tras lo cual será aprobada de forma definitiva en un próximo pleno.

Navarro recordó que el equipo de gobierno ha preferido esperar a que el Gobierno Central se pronunciara de forma oficial sobre las modificaciones catastrales "para saber con exactitud cuál era la modificación del gravamen que teníamos que hacer para evitar que este impuesto subiera". Y subrayó que "aunque en septiembre dieron a conocer un borrador en el que se incluía la ciudad, era sólo es, un borrador susceptible de ser cambiado".

Es por esto que Navarro destacó que "la modificación de la ordenanza fiscal se está haciendo en tiempo y forma, ya que el plazo establecido para ello finaliza el 1 de marzo".

En un momento de su intervención ante el Pleno el concejal se refirió a las críticas realizadas por el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, "en las que nos acusaba de subir el impuesto a todos los gaditanos y gaditanas, justo el mismo día en el que anunciábamos la convocatoria de pleno extraordinario para evitarlo. Esto se debe a que el señor Pérez Dorao es un experto en juicios rápidos, ya que está esperando para ser el primero en arriar contra el equipo de gobierno aunque quede en ridículo después", afirmó.

Por su parte, desde la oposición se ha hecho hincapié en que esta propuesta se presenta "tarde" puesto que en septiembre se conocía ya un borrador que permitía saber cuál iba a ser la actualización del catastro. Así, mientras que desde Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao criticó "la falta de previsión del gobierno" en este aspecto, que ha provocado que luego vengan las prisas y las convocatorias urgentes, desde el PSOE, Fran González, echaba de menos "un debate previo de las ordenanzas en general", algo que considera muy necesario.

Desde el Partido Popular, José Blas Fernández, señaló que el equipo de gobierno "ha hecho lo que hizo el PP durante diez años que fue congelar el impuesto del IBI".

Por otra parte, en una segunda sesión extraordinaria, el Pleno también aprobó por unanimidad solicitar a la Junta de Andalucía la prórroga de la concesión para la gestión directa del servicio público de televisión local por ondas terrestres.

El presidente de Onda Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, explicó que esta medida ha sido traída a Pleno sin pasar por el Consejo de Administración debido a que la "Junta de Andalucía comunicó el pasado 20 de diciembre la necesidad de acogerse a la prórroga antes de que acaba el contrato el 20 de enero de este año. De esta manera se ha acordado solicitar la prórroga de diez años más para la gestión directa del servicio público de televisión local.