La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha puesto el caso de la remunicipalización en manos de la Sección de Enjuiciamiento "al apreciar la existencia de indicios de posible responsabilidad contable". Esta es la comunicación que ha hecho este tribunal al Grupo Municipal del Partido Popular el pasado 18 de enero, a raíz de la denuncia que presentó esta formación contra los acuerdos que propiciaron este proceso en Cádiz 2000, la sociedad municipal donde se han integrado los distintos servicios.

Básicamente la denuncia del PP hacía referencia a que los acuerdos sobre la remunicipalización fueron tomados por el presidente del consejo de administración y también concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, sin tener facultades para ello, ya que el consejo no lo había delegado. También porque no constaba rezones de eficacia que justificaran esa decisión, ni expediente económico financiero que cuantificara los costes del proceso, así como entendía que se había incurrido "en una violación flagrante" sobre la contratación de personal y un fraude de ley al cambiar el objeto social.

Una vez que este proceso pasa al Enjuiciamiento, Romaní explicó ayer que ahora tiene que nombrar un delegado instructor que es el que practicará las diligencias para averiguar los hechos y los presuntos responsables si los hubiera.

Añadió que, según esos indicios, "los perjuicios ocasionados serían responsabilidad personal de aquellas personas contra las que se dirija la demanda del ministerio fiscal que, todo indica, será contra el señor Alvaro de la Fuente por ser el único que consta de su firma puño y letra en la toma de decisiones que provocaron estos hechos".

Y hay un segundo hecho que denunció ayer Ignacio Romaní y que aprovechó para acusar de "oscurantismo" al alcalde, José María González, "por haber ocultado" que Álvaro de la Fuente cesó como presidente de la sociedad Cádiz 2000 desde el 14 de noviembre, al día siguiente de la celebración de la misma y en la que se acuerda el inicio de acciones judiciales de reclamación patrimonial. Estas iban contra el propio De la Fuente "por haber adoptado acuerdos con terceros de contratación en nombre de la entidad, sin contar con el acuerdo del Consejo ni de la Junta de Accionistas".

Romaní hace referencia al artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital, que en el apartado sobre la acción social de responsabilidad establece en su apartado 3 lo siguiente: "El acuerdo de promover la acción o de transigir determinará la destitución de los administradores afectados".

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz lamentó que "llevamos tres meses sin presidente de la sociedad Cádiz 2000, sin firma, sin decisiones, sin trabajar ningún aspecto de esa sociedad...". De todos modos, Romaní añadió que ha pedido un informe al secretario general del Ayuntamiento para conocer si se ha producido alguna firma, ha tomado alguna decisión o incluso si ha estado en la sede de Cádiz 2000, ya que al estar cesado no podría hacerlo.

Hay otro aspecto que quiso resaltar Romaní y es que apenas queda un mes y medio para que se pongan en marcha los primeros servicios de playa de la temporada "y esto va camino del desastre". En este sentido afirmó que deberían tener un plan B para el caso en el que los servicios no se pudieran poner en marcha.

El portavoz popular acusó una vez más al equipo de gobierno de ineficacia, ya que además de este asunto también apuntó a lo ocurrido con los autobuses lanzadera por ejemplo.