El 27 de octubre del pasado año los concejales del Partido Popular Teófila Martínez e Ignacio Romaní fueron reprobados por el pleno del Ayuntamiento. Unos insultos lanzados por ambos días antes al alcalde -al que llamaron "cobarde", "cacique" y "fascista"- tras la decisión de éste de suspender la junta general de Cádiz 2000 donde estaba en juego la municipalización de los servicios de playa, motivaron que en tan solo cuatro días se elevara a pleno esa reprobación, por la vía de urgencia. Y aunque en su momento tanto la líder popular como el segundo del grupo municipal restaron importancia al acuerdo adoptado por ese pleno, con el apoyo de los socialistas, lo cierto es que ambos han recurrido a la Justicia para solicitar que la reprobación quede sin efecto.

De hecho, fue una semana después de aquel pleno cuando los concejales del PP elevaron al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el recurso, con objeto de dejar sin efecto la medida. Ahora, ese juzgado requiere al Ayuntamiento la documentación pertinente sobre esta cuestión, para su posterior estudio.

El recurso se presentó ante el Juzgado una semana después de celebrarse el pleno

Desde el grupo municipal del PP no se han querido dar detalles sobre los motivos que han llevado finalmente a Teófila Martínez y a Ignacio Romaní a recurrir su reprobación.

Sí fue el propio Romaní quien días después de ese pleno de octubre explicó el por qué de los insultos que provocaron la reprobación: "Que el alcalde utilice un supuesto artículo del Reglamento Orgánico para impedir el debate de un punto y su votación es una cacicada. No quería que se hablara de Cádiz 2000, que se iniciaran acciones judiciales contra De la Fuente, que sabe que ha metido la pata hasta el fondo; por eso decimos que actuó de forma cobarde. E impedir a los opositores hablar de lo que uno no quiere es lo que hacen los fascistas y eso es lo que ocurrió el otro día, que ni siquiera dejó que se reflejara en acta", explicó el portavoz del PP en una rueda de prensa que ofreció dos días antes del pleno de la reprobación.

Además, el letrado de los populares (que coincide que es el concejal del grupo municipal Juan José Ortiz) podría haberse apoyado también a la hora de presentar recurso en la ausencia de comisión informativa previa que abordara esta moción de reprobación, junto a la abundante jurisprudencia que en estos casos señala la imposibilidad de reprobar a concejales que no tienen a su cargo ninguna gestión concreta encomendada -como sería el caso, pues los ediles de la oposición no se encargan de ningún área de gobierno del Ayuntamiento-.

En cualquier caso, será ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz el que se pronuncie sobre la validez de la reprobación que el 27 de octubre acordó el pleno del Ayuntamiento contra los concejales Teófila Martínez e Ignacio Romaní.