El proceso de municipalización de los servicios de playa se ha vuelto a reabrir después de que la Subdelegación del Gobierno haya presentado recurso a la sentencia que avalaba la gestión del Ayuntamiento. Un recurso que fuentes jurídicas consultadas consideran erróneo por cuanto lo que busca es volver a los argumentos y motivos que ya han sido juzgados por el Contencioso Administrativo.

“Simula realizar un examen crítico de la sentencia para volver a abrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo”, han trasladado fuentes consultadas tras hacer un primer examen del escrito de apelación. Es decir, que la Abogacía del Estado pretende con su recurso “hacer de la segunda instancia un nuevo juicio”, llegando a reiterar las mismas alegaciones que ya presentó en su día cuando elevó la demanda en contra del acuerdo de municipalización.

En este sentido, conviene recordar que en el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia –que adelantaba ayer este periódico– incidía la Abogacía del Estado en tres cuestiones: de un lado, entendía que Cádiz 2000 se ha hecho cargo de unos servicios para cuya prestación no tenía capacidad en el momento de la municipalización; de otro, argumenta que la incorporación de 105 trabajadores a la plantilla de Cádiz 2000, que contaba únicamente con media docena, vulnera la Ley General de Presupuestos de 2017 en lo concerniente a la tasa de reposición de las administraciones y entidades públicas; y en tercer lugar, considera que se ha incurrido en fraude de ley al incorporar al personal sin garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en el mercado laboral público.

“El escrito de apelación vuelve a reproducir las alegaciones de su escrito de demanda. No ataca la sentencia que es el objeto del recurso, ni siquiera trata de rebatir la valoración de la prueba que en ella se efectúa, ni la ausencia de prueba por su parte que la resolución judicial le achaca, limitándose a incidir en la aplicación de las leyes presupuestarias en un sentido ya excluido por el juzgador”, analiza con más detalle otra fuente jurídica consultada por este medio.

En relación a estas opiniones, las fuentes señalan que la doctrina es “constante y reiterada” al determinar que el “recurso de apelación no constituye un nuevo juicio”, aunque en el segundo grado se pueda examinar en su integridad el proceso. “El Alto Tribunal insiste en que el recurso de apelación no tiene como finalidad abrir un nuevo enjuiciamiento de la cuestión en las mismas condiciones que tuvo lugar en la primera instancia, sino depurar el resultado procesal obtenido en ella”, valoran las fuentes jurídicas que han analizado el recurso presentado por la Abogacía del Estado para rebatir la sentencia que en primera instancia avalaba el proceso de municipalización llevado por el Ayuntamiento.

Tampoco se menciona nada, como señalan otras fuentes consultadas, sobre la disparidad de criterios que puede haber ocurrido entre la sentencia que tumbó la municipalización de Chiclana –ya firme al no haber sido recurrida– y la que avalaba la municipalización de Cádiz; ambas sentencias resolutorias de demandas interpuestas por la Subdelegación del Gobierno.