En 2009 el gobierno socialista, presidido entonces por José Luís Rodríguez Zapatero, tomó una decisión política, el Ministerio de Ciencia y Tecnología concedió una polémica subvención de siete millones de euros para la puesta en marcha del Basque Culinary Center (BCC) en San Sebastián. La ministra donostiarra Cristina Garmendia decidió aportar la ayuda de forma directa, sin sacarla a concurso, alegando que "su carácter singular y razones de interés público, social y económico dificultan su convocatoria pública", según refleja el anuncio del BOE. Además, el Ministerio dispuso que los siete millones de euros se entregaran "por anticipado y sin necesidad de constituir garantía". El gobierno vasco aportó otros tres millones de euros, la Diputación de Guipúzcoa uno y el Ayuntamiento de San Sebastián cedió los terrenos. Los seis millones de euros restantes hasta el presupuesto global de diecisiete millones corrieron a cuenta de patrocinadores privados, como Fagor y Eroski, muy ligados al PNV, y de la Universidad de Mondragón, que también es privada.

El BCC es, técnicamente, la Facultad de Ciencias Gastronómicas de una universidad privada del País Vasco (Mondragon Universitatea), pero, en la práctica, este centro se proyecta como un icono de la gastronomía internacional y tiene entre sus objetivos impulsar la cocina como palanca de desarrollo socioeconómico a través de la docencia, la investigación e innovación con numerosas actividades de promoción. Hasta aquí bien, pero recibir tantos recursos públicos no solo de instituciones vascas sino, mayoritariamente, del Estado español convierte a esta organización en un proyecto de naturaleza política y, por tanto, debe ser objeto de debate público.

¿Sólo hay que ayudar al talento culinario vasco?¿No tenía ya suficientes recursos, reputación internacional, estrellas Michelin y capital gastronómico el País Vasco como para que el Estado le regalara dinero de todos con el Basque Culinary Center?

Analicemos la exposición de motivos políticos que el BOE publicó para justificar la subvención pública, "la alta cocina es un estandarte internacional del desarrollo de la gastronomía, producto de la gran evolución experimentada por los restauradores españoles. Este sector aúna una excelencia técnico-conceptual que se encuentra en el vértice de la pirámide creativa e integra el diseño sensorial y un proceso de elaboración de excelencia en cuanto a los procesos de elaboración basados en la calidad total".

No solo hay que ver esto como un regalo técnico-conceptual del Estado que privilegia al País Vasco, sino como una decisión de política estratégica con la que un país señala a un territorio en detrimento de otros. La gastronomía era, y es, un asunto capital en el contexto de la política nacional. Evidentemente Cataluña podría haber concitado los mismos méritos culinarios que el País Vasco para ser beneficiaria de aquella ayuda, pero vayamos aún más lejos.¿No tenía ya suficientes recursos, reputación internacional, estrellas Michelin y capital gastronómico el País Vasco como para que el Estado le regalara dinero de todos con el Basque Culinary Center? ¿No hubiera sido más inteligente invertir recursos públicos estatales para crear un icono gastronómico en otro territorio menos favorecido, haciendo discriminación positiva?. Cuando estamos escribiendo estas palabras, la página web del BCC no recoge ni una sola mención al Estado español, lo que sorprende notablemente.

Nadie duda de que el BCC haya tenido una trayectoria admirable y parece que está respondiendo a los objetivos previstos. En el año 2015 su director reconoció que los resultados superaron las expectativas y que el proyecto "se autofinancia al 90%" . No sólo eso, un estudio del propio BCC revela que por cada euro recibido de la administración han entregado 1,5. Además, en este periodo ha creado 390 empleos. El centro moviliza a más de dos mil alumnos y genera más de cien actos anuales, lo que confirma que es una apuesta seria y muy profesional.

Existen formidables noticias de cocineros andaluces, como la tercera estrella Michelin de Aponiente, que confirman metas personales y profesionales, pero si cada chef va haciendo la guerra por su cuenta nunca podremos construir un proyecto colectivo, y por tanto soberano, de la cocina española y andaluza. No se trata de que surja un brote de genialidad de la cabeza de un cocinero, no. No es el golpe de suerte lo que proponemos, es el valor de compartir inteligencia, del esfuerzo, del pensamiento creativo y los recursos públicos en beneficio de un patrimonio común llamado vanguardia gastronómica.

De 82 millones de visitas recibidas en el último año, cerca de 9 millones de turistas internacionales vinieron a España para realizar actividades culinarias, es decir, que la gastronomía fue su principal prioridad para visitarnos. Según el segundo informe de la Organización Mundial del Turismo sobre turismo gastronómico, este segmento ofrece un enorme potencial para estimular la economía, promover la sostenibilidad y la inclusión así como un componente esencial de la historia, la tradición y la identidad.

Dado el extraordinario impacto socio económico y la eficacia de las ayudas públicas recibidas en el BCC, sería interesante que la Administración invirtiera en otros centros de este calibre en el resto del Estado. ¿Por qué no puede tener Andalucía su propio en Cádiz, con ayuda del Estado? ¿Sólo hay que ayudar al talento culinario vasco? ¿Merece la pena invertir recursos públicos en el talento gastronómico del sur?