La ONG Save the Children va a ejecutar desde ahora y hasta junio de 2023 en la capital gaditana un proyecto piloto de inclusión social y laboral de familias en riesgo de exclusión, que está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Para ello recibirá, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una asignación procedente de fondos europeos de alrededor de 1,5 millones de euros y se estima que la iniciativa beneficiará a 120 familias, con cuatro miembros de media por cada una, por lo que se trabajaría con unas 480 personas, la mitad adolescentes y niños.

Javier Cabrera, técnico de Incidencia Política de Save the Children en Andalucía, explica que se trata de un proyecto “con el objetivo de demostrar cuáles son las mejores maneras de trabajar con familias en exclusión para garantizar su inclusión social”. La ONG activará metodologías “que se pueden poner luego en marcha por administraciones públicas, y vamos a testear si valen estas fórmulas de trabajo”. La actuación en Cádiz se entiende “como un trabajo integral en las familias, con sus hijos e hijas, siempre mirando por los derechos de la infancia. La idea parte del convencimiento de que resulta fundamental trabajar con niños y jóvenes desde cero a 18 años”.

Save the Children trabajará de manera coordinada con Asuntos Sociales

Según Cabrera será un proceso “con perspectiva de analizar cuáles son las mejores políticas públicas tendentes a erradicar la exclusión social. La intención del Ministerio es aprovechar nuestro trabajo y aplicar nuestros procedimientos”. Será también un trabajo coordinado con administraciones locales, en este caso los Servicios Sociales del Ayuntamiento gaditano, para que recoja los frutos de este proyecto piloto. El proyecto se aplicará a un solo barrio o distrito por definir “porque será una investigación aplicada y debe ser un entorno uniforme para recabar evidencias”. En estas fechas se están poniendo en marcha los equipos humanos, recibiendo información y preparando la logística, pues habrá que acondicionar un espacio como centro de operaciones para el seguimiento del proceso.

El mismo proyecto se acometerá en otros tres municipios españoles: Fuenlabrada, Melilla y Sevilla. Cabrera señala que Save the Children mantiene en territorio andaluz “una apuesta estratégica en Cádiz, por contar con unas importantes cifras de paro, y en Sevilla, que tiene algunos de los barrios con menos renta de España”. La inversión total será de 7,6 millones de euros y llegará a 480 familias, es decir, más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad en España, la mitad de las cuales son menores, según informaba el Ministerio de Inclusión el pasado mes de noviembre cuando el ministro José Luis Escrivá y la ONG presentaron en Sevilla este proyecto.

Escrivá manifestó entonces que uno de los objetivos del piloto es “identificar las políticas de inclusión que garanticen la transición de familias con niños y niñas beneficiarias de prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), o en riesgo de exclusión social, a la plena integración social y laboral, actuando sobre el conjunto de la unidad familiar”.

El proyecto beneficiará a unas 480 personas, la mitad adolescentes y niños

Para Save the Children es necesario mejorar el acceso a servicios, prestaciones y empleo para las familias más vulnerables con el objetivo de conseguir una inclusión social y laboral sostenible en el tiempo, así como incidir en la prevención de la exclusión en niños y niñas por la vía educativa.

El proyecto contempla entre alguna de sus medidas la inclusión en términos “intergeneracionales”, ya que, según Save the Children, está demostrado que la pobreza y exclusión social se transmiten “de generación en generación”. De hecho, “en el 80% de los casos, vivir una infancia en situación de pobreza se traduce en pobreza durante la vida adulta”, según alerta la organización.

Por este motivo, desde Save the Children advierten de “la necesidad de romper el círculo de transmisión de la pobreza desde el inicio y utilizar de manera eficaz el Ingreso Mínimo Vital –tanto en su vertiente de prestación como a través de los itinerarios asociados al mismo– para evitar que se perpetúe la exclusión social”.

Tres líneas de actuación

Habrá tres líneas de actuación que se ejecutarán en cuatro grupos de personas. La primera es de acción social y consistirá en actuaciones de apoyo y acompañamiento a las familias, en asesoramiento y solicitud de prestaciones y servicios. Se aplicará a todos los grupos. La segunda tiene que ver con la inserción laboral y se aplicará solo a un grupo, al que se ayudará a mejorar su capacitación laboral y la inserción en empresas, así como sobre la conciliación. A un segundo grupo se le aplicarán las líneas 1 y 2. La tercera línea prevé el refuerzo educativo, con tutorías y fomento de competencias digitales. Se aplicará a un tercer grupo. Y, finalmente, habrá un cuarto grupo sobre el que se aplicarán todas las líneas de actuación, es decir, social, laboral y educativa.