El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní (PP), ha asegurado que el exdelegado del PP de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna "no se ha llevado un solo euro" de la Zona Franca, remarcando que la propia sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) que confirma su condena al pago de 2,6 millones de euros por "irregularidades" cuando estaba al frente del consorcio refleja que "en ningún caso ha habido dolo y, por su puesto, no actuó con mala fe".

A preguntas de los periodistas sobre el caso, Romaní ha dejado claro que se trata de un procedimiento contencioso-administrativo y no de uno penal, recordando que en el procedimiento penal por el denominado 'caso Rilco' Osuna fue "exculpado" por la Audiencia Provincial de Cádiz. Este extremo fue recurrido ante el Supremo por la Fiscalía, estándose aún a la espera del fallo.

Incide en que el exdelegado de la Zona Franca ha sido condenado "por imprudencia en administración contable", siendo la sentencia "muy clarificadora" en el sentido de "no hubo dolo, no se ha llevado ni un euro y no actuó con mala fe", reitera.

Argumenta que, en caso de denunciarlo, un tribunal de lo Contencioso-Administrativo también podría considerar "responsable de imprudencia en la administración contable" al exdelegado del PSOE en la Zona Franca José de Mier, a quien responsabiliza del uso de "45 millones de euros de Fondos Reindus para otras cosas".

Apostilla Romaní que el Gobierno actual del PP está "reintegrando esos 45 millones", ya que en caso contrario "no podríamos seguir accediendo a ayudas europeas en este concepto".

Lamenta el 'popular' que tanto PSOE como IU se hayan "apuntado al carro de la demagogia fácil" y "hayan querido hacer ver esto como un caso de corrupción", cosa que no considera que pueda determinarse atendiendo al contenido de la sentencia aludida.

También tilda de "llamativo" que hayan llegado a pedir la dimisión de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), como presidenta del Pleno de la Zona Franca. Argumenta que, "con esa misma fórmula de pensamiento, tendrían que haber pedido la dimisión a Susana Díaz" como presidenta de la Junta.

Señala que, a diferencia de Martínez en la zona Franca, la presidenta autonómica "sí tiene capacidad ejecutiva" en la Junta, que apunta que está salpicada por casos como los del "fraude en la formación, los ERE o Bahía Competitiva", que, además, son "casos actuales y no de hace diez años" como el que afecta a Osuna.