La carta enviada por Eléctrica de Cádiz a las asociaciones de vecinos de la ciudad para cambiar la titularidad de los contratos a pesar de estar los colectivos en locales municipales le sirvió ayer al portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, para asegurar que la intención del equipo de Gobierno es "limitar al máximo la capacidad de acción de las AAVV". Para llegar a esta afirmación, Romaní señaló que el objetivo es "quitar unos recursos que conseguías para actividades sociales, culturales y para dinamización y ya tienes que dedicarlos a la luz y el agua".

El edil del PP apuntó que en el consejo de administración de Aguas de Cádiz se le preguntó sobre este asunto a su presidente, Manuel González Bauza, y que la respuesta fue que "están estudiando que igual harían lo mismo que Eléctrica de Cádiz", por lo que para cubrir estos gastos tendrían que concurrir a las subvenciones oportunas.

Por ello, denunció que este asunto va a quedar "al arbitrio del concejal de turno de Podemos" y resaltó que lo mínimo que deben tener los colectivos vecinales es "un local, luz y agua para que puedan trabajar". Por su parte, Mercedes Colombo alargó este asunto a las asociaciones de mujeres, que tienen "miedo" al equipo de Gobierno al denunciar que no se ha convocado al Consejo Municipal de la Mujer para preparar las actividades del Día de la Mujer Trabajadora.