Cádiz

Ratificada una sentencia que absolvió a dos policías locales

  • Los agentes fueron denunciados por lesiones por unas limpiadoras que fueron desalojadas de un pleno municipal en 2011

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un grupo de limpiadoras de la empresa Limasa y confirmado la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 4 de octubre de 2012 en la que absolvía a dos policías locales .

En la sentencia se condenaba a una de ellas como autora responsable de dos faltas contra el orden público, una de perturbación leve de la audiencia de un acto público, imponiéndole la pena de doce días de localización permanente, y otra por falta de respeto y desobediencia leve a un agente de la autoridad, con una pena de diez días de multa con cuota diaria de tres euros.

Para las demás, condenada igualmente como autoras responsables de una falta contra el orden público por la perturbación leve de la audiencia en un acto público, la pena era de doce días de localización permanente.

Los hechos se remontan a diciembre del año 2011 cuando el grupo de empleadas de la empresa Limasa, encargadas de la limpieza de los colegios y dependencias municipales irrumpieron en un pleno del Ayuntamiento para reclamar que pagara su deuda con dicha empresa, que las había amenazado con no abonarles la paga extra de Navidad por falta de dinero.

La alcaldesa Teófila Martínez ordenó que fueran desalojadas de la sala, lo que provocó un tumulto en el que se vieron implicadas las limpiadoras y agentes de la Policía Local.

Algunas incluso acudieron al hospital por diversas lesiones, luego presentaron los partes de lesiones en el Juzgado de Guardia y denunciaron a los agentes que participaron en la expulsión de la sala.

En octubre de 2012 el Juzgado de Instrucción nº 4 condenó al grupo de limpiadoras y absolvió a los agentes, si bien las primeras presentaron un recurso de apelación contra la sentencia, que ahora confirma la Audiencia Provincial, que acepta como hechos probados los de la sentencia de instancia, que califica como fiel reflejo de las pruebas practicadas, que se dan por reproducidas, y además impone a la apelante las costas del recurso.

En la sentencia se señala que la paz pública equivale al conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana.

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