El caso Quality Food ya tiene nueva fecha de juicio después de que el Tribunal Supremo ordenase en enero de este año repetir la vista oral a los tres acusados que resultaron condenados por la Audiencia de Cádiz en septiembre de 2019. Estos son Manuel García Gallardo, fundador de la empresa alimentaria al que el tribunal impuso diez años de prisión por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida; Víctor Ocaña Ferreira, ex director de una sucursal del BBVA condenado a cuatro años de cárcel; y Ana Gallardo Ramírez, madre de García Gallardo, quien fue condenada en concepto de responsabilidad civil, no penal.

La nueva vista oral arrancará a comienzos del próximo año, el 16 de enero de 2023 concretamente, y se prolongará hasta el 2 de febrero. Asimismo, un nuevo tribunal se encargará de juzgar el asunto por segunda vez. Estará compuesto por los magistrados Juan Coloma, María Inmaculada Montesinos y Luis de Diego Alegre. Coloma será el ponente de la sentencia que resulte de este segundo juicio. 

En su dictamen, el Alto Tribunal estimó los recursos interpuestos por los condenados y concluyó que el fallo de la Audiencia Provincial de 2019 debía ser anulado al entender, entre otras cuestiones, que una prueba pericial presentada por la defensa de Gallardo fue indebidamente rechazada por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz, por lo que se vulneró su derecho a la defensa.

La repetición del juicio no afecta a los tres procesados que fueron absueltos en este caso: el que fue delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna; su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani; y Rafael Borrego, quien supuestamente tenía un papel de testaferro en una de las sociedades de García Gallardo.

Un mes después de conocerse la resolución del Supremo, el que fue propietario y fundador de Quality Food fue detenido en su domicilio de San Fernando por miembros de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) de la Policía Nacional en el desarrollo de una investigación por cohecho en la venta de test Covid para el Servicio Andaluz de Salud.

Y es que desde hace varios meses un juzgado de Sevilla realiza las pesquisas oportunas para esclarecer el intento de cobro de una comisión de cinco millones de euros que se trató de introducir en una operación que estaba negociando un empresario asturiano con la Junta de Andalucía para la venta de una partida de “maletines” test de detección del Covid-19 al SAS.