El código ético para propietarios e inquilinos elaborado por el Ayuntamiento gaditano será consensuado una vez que concluyan las elecciones generales y autonómicas del próximo 9 de marzo, según indicó anunció ayer la empresa municipal de vivienda, Procasa.

Este texto se elaboró en cumplimiento de una de las medidas aprobadas en pleno en agosto de 2005 para combatir la especulación inmobiliaria o el también conocido como fenómeno de los asustaviejas.

Una vez elaborado el borrador, el siguiente paso fue enviarle una copia a todos los colectivos que podrían estar interesados. Así, a partir del pasado mes de octubre se enviaron ejemplares a todas las asociaciones de vecinos, a la Agencia de Fomento del Alquiler, a Facua, la Unión de Consumidores, la Federación Gadir Al-andalus y al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz.

Cada una de ellas, indica Procasa, ha remitido las correcciones que le han parecido oportunas, algunas de carácter más técnicas y otras que entran más en el fondo de la cuestión. Quien más crítica se ha mostrado con el borrador municipal es la organización de consumidores Facua.

Ahora, se esperará a que pasen las elecciones para convocar a todos estos colectivos a una reunión en la que se quiere consensuar un texto definitivo para este código ético, que pretende clarificar y mejorar las relaciones entre los propietarios y los inquilinos de inmuebles.

El código ético es prácticamente la última medida que resta para dar cumplimiento a lo acordado en el pleno de agosto de 2005. El borrador comienza pidiendo cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos: concretamente, aboga por un texto refundido que acabe con los problemas que genera la coexistencia de tres leyes diferentes. El texto da a las asociaciones de vecinos el papel de controlar el cumplimiento de los compromisos y arbitrar en los conflictos si lo piden las partes. También difundirán el código y propiciarán y mediarán en reuniones con propietarios e inquilinos de edificios en mal estado para llegar a acuerdos que tengan como "objetivo fundamental" la realización de obras de mejora y la permanencia de los vecinos. Además, estas entidades serán las interlocutoras a la hora de adherirse o desvincularse del código.

La segunda parte del código describe su funcionamiento. Los compromisos obligan a los inquilinos, propietarios o intervenientes de cualquier tipo, dentro del mercado privado, que se adhieran a la iniciativa de forma voluntaria; el que no cumpla lo pactado será expulsado del listado de adheridos, una decisión que se hará pública. Lo que nadie puede es reclamar en los tribunales que se cumplan las normas.

Los propietarios o sus representantes que se adhieran se comprometen a formalizar los contratos por escrito y a darle al inquilino una copia siete días antes de la firma para que pueda comprobar y asesorarse sobre su contenido o cualquier otra cuestión. También deberá respetar ese plazo de una semana de antelación para entregar cualquier documento de naturaleza no económica que deba suscribir el inquilino.

El contrato deberá especificar si la vivienda es libre o protegida, porque en el segundo caso se debe limitar la renta. El propietario también se compromete a protocolarizar los contratos para los que se ha acordado una duración de más de cinco años, otorgando una escritura pública o elevando a público el contrato e inscribiéndolo en el Registro de la Propiedad. Otras de las normas consisten en comunicar con una antelación mínima de cinco meses -la ley establece uno- su intención de no renovar los contratos que se extingan, agilizar la realización de obras de conservación cuando lo pida el inquilino y "no realizar amenazas, coacciones o actos de violencia sobre el inquilino".

Por su lado, los inquilinos se comprometen a dejar entrar en el piso al dueño, su representante o trabajadores que envíe, con el fin de inspeccionar el estado de la vivienda o hacer obras; también a limpiar y realizar el mantenimiento ordinario de la casa y las zonas comunes, no provocar problemas de convivencia con el resto de vecinos y no retrasarse en el pago de la renta.

Tanto inquilinos como propietarios se comprometen a promover el consenso frente a la vía judicial ante los conflictos. Si no hay acuerdos, se obligan a someterse a un arbitraje, "evitando" llegar a los tribunales siempre que sea legalmente posible. El tercer punto común es el de fomentar la comunicación y la colaboración.

El código ético tiene un anexo que recoge la carta de derechos y de deberes del arrendatario y la del arrendador, una especie de guía que resume la legislación.