La Policía Nacional ha intensificado los controles en la vía pública con el objetivo de prevenir la comisión de hechos delictivos y detectar posibles situaciones contra la seguridad ciudadana. Estas intervenciones preventivas tienen un carácter rutinario en la búsqueda de personas reclamadas, vehículos sustraídos, extranjería, intervención de sustancias estupefaciente y todas aquellas funciones que le son atribuidas por ley.

Según fuentes policiales, durante el mes de noviembre, en un operativo desarrollado por la Unidad de Prevención y Reacción (U.P.R.), se han realizado un total de 80 controles, identificando a 464 personas e inspeccionando mas de 133 vehículos sospechosos que requirieron un análisis más exhaustivo.

En las intervenciones realizadas se han tramitado 68 actas denuncias por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes y nueve denuncias por tenencia y porte de armas peligrosas, todas ellas constitutivas de una infracción administrativa de la ley 1/92 de Seguridad Ciudadana. 17 de estas actuaciones han generado la apertura de atestados policiales, estando encartados nueve detenidos por delitos o faltas y otros 6 detenidos por reclamaciones judiciales y averiguaciones de domicilio o paradero.

Todas estas intervenciones se enmarcan en el Plan Comercio Seguro desarrollado por la Policía Nacional, que realiza acciones para incrementar la seguridad en los espacios de mayor riesgo con el apoyo de la Unidad de Participación Ciudadana que, de forma periódica, establece contactos con el sector para conocer sus problemas, y la difusión de consejos y guías prácticas de seguridad con las principales recomendaciones preventivas dirigidas a los comerciantes.

La seguridad económica, y muy especialmente la del comercio, se ha convertido por primera vez en un objetivo estratégico para la Policía Nacional, reforzando esa seguridad y haciendo frente a los nuevos retos y desafíos en el ámbito de la seguridad comercial. "Esta protección de la economía va desde los delincuentes comunes o habituales hasta la amenaza de la delincuencia organizada internacional, especialmente del denominado crimen organizado de segunda generación que penetra el tejido social y económico de un país perjudicando gravemente a los intereses del Estado, a la actividad de empresas lícitas, a los consumidores", según explican desde la Policía Nacional.