Cádiz

Podemos vira y nombra a Martínez de Pinillos consejero de Cádiz 2000

  • El equipo de gobierno retiró en la misma junta general de la sociedad municipal la propuesta de que se restituyera al hasta hace unos meses presidente, Álvaro de la Fuente

Álvaro de la Fuente interviene en un pleno municipal mientras que Adrián Martínez de Pinillos aparece a la izquierda leyendo. Álvaro de la Fuente interviene en un pleno municipal mientras que Adrián Martínez de Pinillos aparece a la izquierda leyendo.

Álvaro de la Fuente interviene en un pleno municipal mientras que Adrián Martínez de Pinillos aparece a la izquierda leyendo. / julio gonzález

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"¿usted ha firmado o tomado alguna decisión desde el 13 de noviembre de 2017 en el que la junta general de Cádiz 2000 aprueba el inicio de acciones judiciales contra usted y fecha en la que es efectiva su destitución como consejero de la empresa municipal?". La respuesta de Álvaro de la Fuente, el hasta hace poco presidente del consejo de administración de la empresa municipal que gestiona la remunicipalización, fue un taxativo "no". La junta general de ayer, formada por todos los miembros de la corporación, fue una especie de interrogatorio hacia Álvaro de la Fuente, al que se le plantearon multitud de cuestiones, algunas contestadas y otras no, como quién fue el que encargó que se hiciera un informe externo en el que se decía que no había motivos para iniciar una acción judicial contra el ex presidente de Cádiz 2000. En un comunicado posterior enviado por el equipo de gobierno se decía que "tal y como se recoge en la documentación, fue el gerente de la empresa, en ejercicio de sus funciones, quien lo solicitó tras cesar como presidente".

Sin embargo, mientras que se debatía sobre la figura de Álvaro de la Fuente, lo que ocurrió es que previamente el equipo de gobierno había hecho una pirueta y retiró del orden del día de la junta general el punto en el que se pedía que se renunciara al inicio de acciones judiciales contra Álvaro de la Fuente y así se pudiera restituir como consejero. Esa propuesta estaba abonada al fracaso toda vez que el PSOE ya había anunciado que iba a votar en contra de la misma, así que optó simplemente por llevar a la junta general el nombramiento del concejal Adrián Martínez de Pinillos como consejero y dejar caer a Álvaro de la Fuente. Esto fue aprobado por el equipo de gobierno y el PSOE y la abstención del Partido Popular y Ciudadanos.

El informe encargado al asesor externo fue objeto de mucho debate. González, por ejemplo, decía que se había hecho sin conocimiento del consejo de administración, por lo que redundó en que todo el proceso se está haciendo con "falta de transparencia". El portavoz del PP, Ignacio Romaní, fue incluso más allá y advirtió que al Tribunal de Cuentas no se le puede enviar "unos informes que no se sabe quién los ha pedido, por qué y que no han pasado por el Consejo de Administración".

Y es que en el trasfondo de la junta general celebrada ayer está la denuncia del Partido Popular ante el Tribunal de Cuentas y que ha pasado a la Sección de Enjuiciamiento. La sociedad municipal Cádiz 2000 tiene de plazo hasta mañana miércoles para presentar alegaciones a la decisión de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que apreciaba la existencia de "indicios de posible responsabilidad contable". En este sentido, los partidos de la oposición coincidieron en el hecho de que lo que se vaya a alegar tiene que pasar por el consejo de administración, por lo que éste tendría que ser convocado con urgencia.

Ahora queda otra decisión en el aire y es a quien se va a nombrar como presidente del consejo de administración, responsabilidad que podría caer en el propio Martínez de Pinillos. Ignacio Romaní dijo que el alcalde había puesto "un nuevo títere" y que había dejado caer a otro concejal en estos casi tres años de mandato. Para ello, solicitó que asuma su responsabilidad y que se ponga al frente de la sociedad Cádiz 2000 al ser la remunicipalización una de sus banderas.

Mientras tanto, Álvaro de la Fuente defendió su gestión y negó que hubiese incurrido en ilegalidad alguna.

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