La comisión de investigación en Aguas de Cádiz ha decaído antes incluso de que echara a andar. La misma tenía como objetivo investigar cuál fue el destino de los 42.000 euros que recibió entre 2011 y 2014 el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, creado y dirigido por Carlos Guillén, director de la tesis del entonces presidente de la sociedad municipal, Ignacio Romaní.

El motivo de que esta comisión de investigación se la haya dejado morir es porque el PP había nombrado al propio Ignacio Romaní para que formara parte de la misma. El PSOE, que consideraba que el portavoz del Grupo Municipal Popular, "no podía ser juez y parte", llevó ayer una propuesta al consejo de administración para que Romaní no formara parte de la comisión "ya que desvirtúa la finalidad de la misma y supone un obstáculo y una total falta de objetividad".

En un principio el Partido Popular se opuso a que saliera adelante su propuesta al no estar incluida en el orden del día, "pero finalmente hemos conseguido que se aprobara, impidiendo así la dilatación del proceso, que habría quedado paralizado hasta la convocatoria de otro consejo de administración".

Sin embargo, se han encontrado con la negativa de Romaní de traspasar su representación a algunos de los otros dos consejeros del Partido Popular, por lo que el PSOE ha propuesto en segunda instancia dejar sin efecto esta comisión "y que sea el presidente de la empresa, Álvaro de la Fuente (Podemos), como máximo representante de la misma, el que lleve a cabo las acciones oportunas para llegar al fondo de este asunto", según explicó la edil y consejera socialista, Mara Rodríguez.

Esta es la segunda parte y es que desde Podemos no se ha conseguido que el consejo de administración facultara al presidente para que presentara medidas legales contra Romaní. Rodríguez explica que debe ser De la Fuente el que actúe "en base a su competencia y responsabilidad, para esclarecer lo sucedido".

De la Fuente también creía que era "un despropósito" que Romaní "siga empeñado en estar presente en esta comisión, no tiene ningún sentido más allá de enturbiar, entorpecer y boicotear esta comisión". En este sentido señaló que tienen la obligación "de estudiar y poner en marcha otras vías", sin especificar cuáles, "porque está en entredicho la reputación de una empresa municipal y porque la gente tiene derecho a saber qué se ha hecho con su dinero".

Y la pregunta del millón. ¿Por qué se ha negado Romaní a dejar la comisión? Según aseguró el Grupo Municipal del PP tras el consejo de administración, el título de lo anulado era "comisión Ejecutiva delegada por el consejo de administración en materia de investigación de las actuaciones de la sociedad, que pueden afectar a la imagen y reputación de esta, entre otras, las relaciones con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa". Así, los populares han recordado que la que se puso en marcha por el agua de Loreto en 2016, tampoco se personalizaba en nadie en concreto y, entonces, en ella estaba Ignacio Romaní pese a que también había sido presidente de Aguas de Cádiz cuando ocurrieron los hechos "y hace dos años nadie dijo absolutamente nada".

Uno de los hechos que se produjeron ayer es que Ignacio Romaní presentó en el consejo de administración un acta notarial en el que -bajo la forma del notario- consta, según el Partido Popular, que la documentación que el portavoz presentó a los medios de comunicación horas después de que saltara la noticia de este asunto "no había sido manipulada".

Los populares mantienen que en dicho acta se certifica la hora y fecha de recepción del correo electrónico por parte de Romaní, y el contenido del mismo, "que no es otra cosa que, exactamente, el documento mostrado a los medios el pasado 18 de abril".

El PP incide en que Romaní "ha dado desde el minuto uno todas las explicaciones que se le han pedido, ha contestado en el consejo a decenas de preguntas, y mientras, los que pretenden acusarlo, se limitan a señalarlo en prensa sin meditar las graves consecuencias que pueden tener, y de hecho ya han tenido, sus acciones", haciendo referencia, entre otras cosas, a las pintadas que aparecieron en el domicilio personal de Romaní y en el de sus progenitores.

El consejo de administración de la empresa municipal Aguas de Cádiz tenía hoy entre sus puntos del orden del día resolver el reglamento de la comisión de investigación, pero finalmente ni siquiera va a tener que aplicarse.