Visto para sentencia el caso de Valcárcel Recuperado. Ayer se celebró el juicio y será en septiembre cuando se conocerá la resolución del juez a la petición de la Fiscalía de multar con diez euros diarios durante seis meses -1.800 euros- a los cinco acusados, que también tendrían que asumir el pago de las costas del proceso judicial. La defensa, por su parte, solicitó la absolución de sus representados, alegando que no se produjo una usurpación del Bien de Interés Cultural (BIC) y, por tanto, los hechos que se les imputa no son constitutivos de delito penal, como defienden el fiscal y el abogado de la acusación, la empresa Zaragoza Urbana.

Minutos antes de que se iniciara la vista pública, pasadas ya las diez de la mañana, medio centenar de personas se concentró junto al Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz para apoyar a los acusados.

Uno por uno fueron respondiendo en presencia del juez a las numerosas preguntas del fiscal, de la acusación particular y de la defensa, manifestando todos que su participación dentro del inmueble durante el período comprendido entre junio de 2011 y enero de 2012 fue esporádica -la de unos más que las de otros- y que entraron porque "la puerta estaba abierta" y había gente en el interior. Asimismo, todos declararon que en ningún momento nadie les invitó a abandonar el equipamiento y que desconocían a quién pertenecía.

En el juicio, que se prolongó durante cuatro horas, también declararon cuatro testigos: tres policías y una activista de Ecologistas en Acción. Uno de los funcionarios públicos explicó que no intervinieron en Valcárcel porque todas las actividades que se realizaban eran legales, y reconoció que no tenían claro de quién era la propiedad porque Zaragoza Urbana y Diputación se tiraban la pelota uno al otro.

El representante del Ministerio Fiscal insistió en que no se juzgaban "ideologías sino actos" y recriminó "el método" empleado para conseguir "la ocupación a la fuerza" del edificio. "Éste es el núcleo de la acusación, y la ocupación de una propiedad privada es constitutiva de infracción penal", dijo. "No se acusa a nadie de causar daños en el inmueble ni de organizar actividades" en su interior. "Lo trascendental es el método, y esto no se puede tolerar en un Estado de Derecho".

En este punto, señaló la existencia de una escritura pública de compra-venta, de una inscripción en el registro de la propiedad y de un contrato. "El derecho nos dice que ese inmueble ha tenido siempre propietario", y rechazó que el litigio entre la empresa y la Diputación "pueda traducirse en que no hay propietario".

Aunque admitió la posibilidad de que el edificio presentara un "estado de dejación en cuanto al mantenimiento", precisó que, "jurídicamente", dicha situación "no afecta en nada a la propiedad".

Y en sus conclusiones dictaminó que todas las personas que "de alguna manera entraron con asiduidad" son "responsables, en concepto de autores, de la usurpación del edificio". "Esa participación es delictiva", sentenció.

Por su parte, el letrado de la acusación particular incidió en que Zaragoza Urbana no tiene "absolutamente nada en contra de estas personas que entraron y se mantuvieron en su propiedad". "Pero la Constitución establece unos derechos básicos, como el de la propiedad, que deben ser respetados".

La letrada del equipo jurídico defensor -compuesto por tres abogados- rechazó que se hubiese producido una "ocupación". Lo definió como "una denuncia social, una reivindicación de un bien abandonado y en desuso que está amparada en la Ley de Patrimonio". "En ningún momento hubo una ocupación a la fuerza porque la puerta estaba abierta, ni tampoco hubo permanencia ni intención de posesión". Es por ello que alegó que no había delito y se mostró contraria a la aplicación del Derecho Penal en este caso: "¿Dónde está el perjuicio ocasionado por la participación ciudadana para que tenga que entrar el Derecho Penal en este caso?".

Durante su intervención, extrajo fotocopias de informaciones de prensa en las que la entonces delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Yolanda Peinado, negaba que el movimiento Valcárcel Recuperado hubiese causado daños al inmueble. Y recordó que durante esos siete meses la infraestructura fue visitada por técnicos y arquitectos que valoraron su estado e informaron a las autoridades competentes, "algo que nunca hizo la supuesta propietaria en diez años". Fue por ello que acusó a Zaragoza Urbana de "dejación total de las funciones posesorias" con respecto al BIC. Y apostilló: "Es un Bien de Interés Cultural y, aun cuando fuera privado, tiene la obligación de estar abierto al público".

La letrada se mostró satisfecha al término de la vista oral: "Nuestros argumentos han sido contundentes, mientras que los de ellos se movían dentro de la conjetura"; e indicó que la propiedad "sigue siendo algo discutido", ya que Zaragoza Urbana es "propietaria ahora, por una sentencia con fecha de abril que no es firme".

Sobre sus representados, dijo que en lugar de ellos podían haber sido juzgados otros. Otros de los más de mil ciudadanos que firmaron el documento de apoyo de Valcárcel Recuperado, participaron en actividades y denunciaron el estado de abandono del inmueble. Cabe recordar que uno de los acusados fue identificado a través de una fotografía en la que se le ve colocando una pancarta en el tejado, otro por realizar declaraciones a la Policía fuera del edificio, a un tercero por realizarlas en un medio de comunicación, y a los otros dos se les identificó a través de internet.