El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha declarado esta mañana que espera que el alcalde, José María González Kichi, aclare el 12 de diciembre ante la juez "las contradicciones en las que está incurriendo" en la tramitación de la transmisión de la titularidad de las concesiones de la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre en favor de los propietarios de los chiringuitos. Un procedimiento por el que ha sido denunciado por la formación naranja por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Respecto a la comparecencia del regidor municipal, que será en calidad de investigado dentro de las diligencias previas, Pérez Dorao respondió a las afirmaciones de González en las que aseguró que el Ayuntamiento sólo había solicitado información a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Para ello, el responsable municipal de la formación naranja se agarró al acuerdo de la Junta de Gobierno Local con fecha de 10 de noviembre de 2017. En esta sesión, señaló el edil, a propuesta del alcalde "se tomó un acuerdo cuyo objeto era solicitar la transmisión, no solicitar información", por lo que "no se limitó a hacer una pregunta". Todo esto tras pedir que se incoara un expediente de transmisión a través de un decreto de Alcaldía firmado el 3 de noviembre de 2017. 

A partir de ahí, sostuvo el concejal de Ciudadanos que, tras dictar la Delegación Territorial de Medio Ambiente la resolución para el traspaso de las concesiones a finales de noviembre de 2017, el pasado 12 de diciembre se produjo una reunión con los propietarios de los restaurantes playeros. Este encuentro sirvió, indico el edil, "para congratularse del desarrollo satisfactorio del procedimiento seguido para transmitirles las concesiones administrativas y para poner en marcha el procedimiento siguiente, que sería el de la modificación sustancial". Un trámite que ya recayó en manos de los empresarios al ser los titulares de las concesiones. De hecho, apuntó Pérez Dorao que la reunión dio lugar a una nota de prensa del Ayuntamiento, por lo que "el alcalde no solamente había pedido y conseguido que se transmitiera, sino que comunicó a la opinión pública que ese expediente de transmisión se había culminado satisfactoriamente, según su criterio". 

Otro aspecto por el que el portavoz de la formación naranja también respondió a González fue sobre la intención que tiene la denuncia al dirigirse hacia el alcalde y no hacia la Junta de Andalucía. Pérez Dorao precisó sobre este aspecto que "la titularidad -de los chiringuitos- es del Ayuntamiento", por lo que "la Junta lo único que hace es dar trámite a una solicitud de la que el Ayuntamiento es el titular de concesión administrativa". 

Una cuestión que Pérez Dorao quiso dejar clara fue que esta formación "está a favor de cualquier medida que suponga la desestacionalización de la actividad turística, así como a favor de cualquier medida que suponga la creación de puestos de trabajo y la creación de riqueza". Sin embargo, también puntualizó que esto "debe hacerse de conformidad con la ley para lograrlo". Por ello, recordó que como concejales "tenemos una obligación legalmente impuesta de poner en conocimiento de la Administración de Justicia cualquier circunstancia de hechos que puedan tener repercusión legal y, por tanto, cumplimos con nuestra obligación de hacerlo". Por ello, recalcó que "ni estamos en contra de la desestacionalización ni en contra de la creación de puestos de trabajo ni en contra de la creación de riqueza".

Con todo, recordó que desde que el 1 de febrero esta formación empezara a mostrar sus dudas sobre las irregularidades del proceso, en ellas se puso de manifiesto "una situación de inseguridad jurídica" que se podría producir. Un problema que "quienes lo sufren más directamente son los adquirientes de las concesiones administrativas y, como consecuencia, sus trabajadores", aunque también toca de lleno al Ayuntamiento por la disparidad de criterios entre las instituciones. 

Por otra parte, Pérez Dorao también se mostró "un poco perplejo" por el aplazamiento de la citación del regidor municipal, cuando en un principio estaba prevista para ayer. Así, el edil de Ciudadanos apuntó que "mientras que el alcalde celebraba una rueda de prensa poniendo de manifiesto su interés en acudir a los juzgados a declarar", a la vez "su abogado estaba presentando un escrito en el juzgado pidiendo que se suspendiera la declaración". Una situación que definió como "realmente contradictoria". 

Además, a esto sumó que la solicitud de aplazamiento la realizó por tres actos: el Pleno de las terrazas, la firma del convenio del Cerro del Moro y el hermanamiento con Quito. Sin embargo, sobre la rúbrica del acuerdo urbanístico para la rehabilitación del barrio de extramuros, el concejal indicó que "parece ser que este acto no estaba realmente programado", ya que "no estaba en la agenda del alcalde", por lo que era una alegación vacía de contenido. A esto, unió sobre la sesión plenaria para aprobar la ordenanza de los veladores que, al tener un solo punto en el orden del día, "en el peor de los casos, si todos los grupos municipales agotaran sus turnos, estaríamos hablando de 45 minutos de intervenciones", por lo que al finalizar a las 9.15 horas "no impedía en absoluto al alcalde haber acudido a su citación". Asimismo, también señaló que la citación judicial se comunicó a las 8.30 horas, mientras que la convocatoria del Pleno se realizó a las 13.45 horas. 

Por todo ello, Pérez Dorao resaltó que la agenda no le impedía haber declarado ante la juez al contar con tres horas desde el inicio de su comparecencia y el acto de hermanamiento con Quito, por lo que "tuvo la posibilidad de hacerlo".