Ayer se volvió a cerrar, otra vez, la puerta a la paralización de la remunicipalización de los servicios de limpieza de la arena, mantenimiento de los módulos de vestuarios y salvamento y socorrismo de las playas de Cádiz. Tres semanas después de su aplazamiento, la Junta General de Cádiz 2000 decidió tumbar la propuesta del PP de suspender las actuaciones que se habían efectuado por el presidente de esta sociedad, Álvaro de la Fuente, desde el pasado 28 de agosto. O lo que es lo mismo, deshacer el rescate de estos tres contratos externalizados.El PSOE volvía a tener la llave para resolver esta cuestión, como en casi todo lo que sucede en la ciudad desde las elecciones municipales de 2015. Esta vez decidió ponerse del lado del equipo de Gobierno y votó en contra de la paralización, como ha venido haciendo desde el principio aunque surgieran las primeras dudas en el Consejo de Administración de Cádiz 2000 que se celebró en septiembre al abstenerse sobre esta misma propuesta del PP, pero el empate a consejeros con Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común en aquella sesión posibilitó que la cuestión decayera.

Sin embargo, la incertidumbre permanece en la bancada socialista -al igual que en el resto de la oposición- sobre la gestión que se está haciendo de la remunicipalización desde el Ayuntamiento. Esto le llevó a abstenerse en el segundo punto del orden del día sobre el inicio de acciones judiciales de reclamación patrimonial contra el presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, por haber tomado decisiones de contratación con terceros sin contar con el acuerdo ni del Consejo de Administración ni de la Junta General, por lo que esta proposición fue aprobada gracias a los votos a favor del PP y Ciudadanos. Una de cal y una de arena, aunque el equipo de Gobierno respiró al ser la internalización uno de los asuntos primordiales de su programa. Ahora, todo dependerá de la decisión que se tome por el recurso contencioso-administrativo presentado por la Subdelegación del Gobierno.

La explicación de la postura del PSOE está en los informes elaborados por el Área de Personal, la Intervención y la Tesorería del Ayuntamiento, lo que motivó en su día el aplazamiento -y la bronca posterior- a la espera de su resultado. El portavoz socialista, Fran González, dejó claro el posicionamiento al señalar tras estudiar los documentos de los técnicos municipales que "no encontramos reparos suficientes que lleven a posicionarse en contra del proceso apoyado desde el principio".

González llegó a esta conclusión tras recordar que "el objetivo en ningún momento era abaratar los costes", sino que "el abaratamiento era el botón que arrancaba el procedimiento". A partir de ahí, resaltó que en el informe de Personal "se nos garantiza" la subrogación de la plantilla, aunque le pidió al alcalde que solucione la rescisión de una trabajadora con contrato por obra o servicio. Por otra parte, también destacó respecto al aumento de los costes por el rescate de los contratos que se menciona en el informe de Intervención que el propio interventor ha aclarado que "los importes corresponden con los mencionados en la propia memoria -de la remunicipalización- y no superan a los ya cuantificados" en ella.

Por contra, el portavoz socialista justificó posteriormente su abstención al inicio de acciones judiciales por la "falta de mucha información" en la tramitación, ya que "no se clarifica la toma de decisiones" por parte de Álvaro de la Fuente, por lo que consideró que "creemos que hay decisiones que no ha explicado por qué las tomó". Por ello, afirmó que si el presidente de Cádiz 2000 no puede jusitifcar su actuación en este asunto "tendrá un problema".

Con los mismos informes sobre la mesa, el portavoz del PP, Ignacio Romaní, realizó una argumentación totalmente opuesta a la de González al asegurar que el informe del interventor muestra "la tozuda realidad" al indicar que el coste "de lo que se ha hecho hoy es más caro que lo que se hizo ayer".

Romaní señaló que este aumento del gasto en los servicios es de 120.000 euros, a los que sumó otros 30.000 euros por la ampliación de los horarios de los módulos. Asimismo, apuntó al PSOE al afirmar que "los despidos -por el caso citado de una empleada- van a las espaldas" de los socialistas.

Por su parte, el presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, volvió a defender su gestión al frente de la sociedad y consideró que las decisiones que ha tomado no son irregulares. Además, ante la acción de la oposición, sentenció que "lo que han provocado es que tengamos una memoria mucho más enriquecida".Juan Manuel Pérez Dorao (Ciudadanos) solicitó la paralización de la remunicipalización al indicar que no se dan los tres efectos que se esperaban de este proceso: la mejora de las condiciones laborales, la mejora de la calidad de los servicios y la mejora financiera.