El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, considera insólito que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, haya tenido que desplazarse desde Granada para comprobar “el desastre en que el PP ha convertido la Justicia en la capital gaditana”, después de que se hayan tenido que suspender los juicios hasta el 5 de diciembre por el cierre del edificio de San José ejecutado por la Junta y que afecta a ocho juzgados de Instancia e Instrucción.

De la misma manera, sostiene que resulta lamentable que los jueces de Instrucción hayan tenido que salir a advertir del perjuicio que se ocasiona en el procedimiento de las causas que se están investigando la manera en la que están teniendo que desarrollar su trabajo actualmente, además de las molestias a ciudadanía, a los operadores jurídicos y a los trabajadores de la Administración de Justicia al suspender los procesos y tener que señalar de nuevo en una agenda ya de por sí siempre aletargada.

Ruiz Boix, que comparte esa preocupación de los jueces gaditanos, cree que el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, “debería de intervenir de facto para dar una solución inmediata a la demanda del Poder Judicial que se encuentra limitado además de concernido por el caos generado en las infraestructuras judiciales”.

“Vamos a pedir explicaciones además en el Parlamento andaluz al consejero de Justicia para saber a cuántos procesos judiciales ha afectado esta decisión del Gobierno andaluz que ha pecado de toda falta de previsión y de una absoluta falta de diligencia y para que nos informe de cuáles son los planes de la Consejería para arreglar el problema con urgencia”, señala.

El dirigente socialista lamenta que “la Junta esté mareando la perdiz como ha hecho a lo largo de estos cuatro años con la Ciudad de la Justicia porque en realidad considera este servicio público algo secundario y ya sabemos que les resulta hasta incómodo, que no son dados a colaborar con la Justicia sino todo lo contrario, el PP lleva años tratando de obstruir las causas judiciales”.

Para Ruiz Boix, “tiene delito que la Junta haya actuado solo en el momento en que se ha visto obligada por la Inspección de Trabajo a raíz de la denuncia efectuada por el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) cuando desde muchas instancias se les ha venido requiriendo soluciones desde hace años”.

El también presidente de la Diputación lamenta la parálisis provocada por la ineptitud de los titulares de la Consejería y la Delegación Territorial que no han sido capaces de tener prevista una situación que arrastraba desde hace tiempo y al no haber dispuesto con diligencia una alternativa a unas instalaciones judiciales que se caían a pedazos y donde había hasta ratas.