La sentencia dictada el lunes y hecha público en el día de ayer establece, en su última disposición, un plazo de diez días para la interposición de recurso de apelación. Y tan solo horas después de conocerse el fallo del Juzgado el Partido Popular anunció que presentará recurso a la Audiencia Provincial ante una decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que "respeta" pero "no comparte de ningún modo los argumentos esgrimidos".

Incluso los populares indicaron al respecto de este asunto que llegarán "hasta donde tengamos que llegar, porque insistimos en que acusar a una persona de suministrar agua contaminada a sabiendas es un delito, lo haga un cargo público o lo haga quien lo haga", reseñaron en un comunicado en relación a los argumentos esgrimidos por la jueza en los fundamentos de derecho de su dictamen, donde de algún modo 'blinda' el derecho de libertad de expresión en aquellas personas que ocupan cargo público y limita el derecho al honor también para estos supuestos, dándose en las declaraciones juzgadas ambos supuestos (ya que el actual alcalde, José María González, y un concejal, Manuel González Bauza, lanzaron expresiones relativas a la anterior alcaldesa, Teófila Martínez, y uno de sus concejales, Ignacio Romaní).

"Para nosotros el honor es inherente a la persona y cuando decidimos participar en política y en la gestión de lo público ninguno de nosotros firmó un papel para renunciar a nuestra reputación y a defender nuestro honor", expuso en último lugar el Partido Popular, que en esta causa ya tramitó un primer recurso que obligó a reabrir el caso por injurias y calumnias que finalmente ha sido fallado de este modo.

Aunque la demanda contra el alcalde, Barcia y González Bauza fue presentada por el anterior equipo de gobierno al completo -salvo José Blas Fernández, que se retiró finalmente de la causa- la jueza asevera en la sentencia que salvo Teófila Martínez e Ignacio Romaní el resto de concejales no pueden ver lesionado su derecho al honor.