Nuevo curso político

El PP afronta su final de mandato más complicado desde 1995

  • La incidencia de la crisis en la ciudad y la aparición de voces críticas contra su gestión suponen una novedad negativa para los intereses del gobierno local

El PP gaditano reanuda el curso político con la vista puesta en las elecciones municipales de 2015. Aunque aún queda algo más de año y medio para estos comicios, la degradación de la situación económica y social en el conjunto del país en los últimos meses, y de la que la ciudad no se ha librado, ha provocado que sea este el final de mandato más complicado para los populares desde que Teófila Martínez ganó las elecciones de 1995 y que por primera vez en dieciocho año se afronte la cita con las urnas con dudas sobre una victoria clara de la fuerza conservadora.

Desde un principio, en 1999, 2003, 2007 y 2011, Teófila Martínez se ha presentado a los comicios sin nadie que le haga sombra desde los partidos de la oposición y sin apenas conflictos ciudadanos y siendo la alcaldesa una de las más votadas de todo el país. Los meses anteriores a todas estas elecciones han sido tranquilos en San Juan de Dios, que apenas ha tenido que pisar algo el acelerador en determinadas obras ciudadanas para presentarse el día de la jornada electoral con la tranquilidad de la victoria garantizada. Incluso en 2011, con la crisis económica global afectando de lleno a la sociedad gaditana, Martínez revalidó su quinta mayoría absoluta, con apenas la pérdida de un escaño y 800 votos menos respecto a 2007. Entonces, el PSOE estaba hundido en una de sus habituales luchas internas lo que facilitó la victoria del partido conservador que, además, se veía beneficiado con las expectativas que aún se mantenían en parte de la ciudadanía respecto a los actos del Bicentenario de la Constitución de 1812.

Dos años y medio más tarde, cuando el quinto mandato corporativo empieza a declinar, las cosas han cambiado de forma sustancial.

Sin el colchón que supuso para la economía gaditana los eventos del Doce, aún cuando éstos quedaran devaluados por la falta de apoyo de las administraciones ajenas al Ayuntamiento, la ciudad ha notado de lleno la dureza de la crisis. Este año ha estado a punto de rebasar su marca en cuanto a vecinos en situación de desempleo, con 18.000 personas apuntadas al paro, y todo cuando el número de habitantes de la capital ha mantenido su lento descenso iniciado hace dos décadas. Un paro insostenible que ha llevado a decenas de familias a sobrevivir gracias a las ayudas asistenciales tanto procedentes de su entorno, de colectivos privados o del mismo Ayuntamiento, que ha tenido que incrementar los presupuestos destinados a este fin, algo que cuando hay necesidad es difícilmente perceptible por la ciudadanía.

Esta falta de empleo ha llevado también a muchos colectivos ciudadanos a manifestarse de forma continuada frente a las puertas del Ayuntamiento, por primera vez en años. Son grupos en su mayor parte ajenos a la carga laboral que mantiene la propia administración local que, salvo en casos muy puntuales, mantiene al día el pago a las empresas concesionarias de los servicios públicos, lo que le ha permitido ahorrarse duros conflictos como los que sí han vivido municipios de la provincia.

En este caso, como en todo, la percepción de los ciudadanos, y más de los que buscan con mayor o menor intensidad un puesto de trabajo, es que el Ayuntamiento debe ser quien asuma esta competencia. Al fin y al cabo es la administración más cercana y el ciudadano no entiende de marcos legales y de la responsabilidad en la política de empleo que sí tienen otras instituciones. Claro que aquí el gobierno de Teófila Martínez siempre ha utilizado las cifras del desempleo según sus intereses. Si un mes baja el paro de forma sustancial se vende la labor realizada por el área de Fomento del Ayuntamiento en la promoción del empleo; si, por el contrario, el paro sube se recuerda que son 'los otros' los que tienen la misión de promover la creación de puestos de trabajo.

La situación económica de la ciudad no se aleja mucho de la de la mayor parte de las capitales del sur del país, aunque en nuestro caso con el inconveniente de contar con un término reducido que impide la búsqueda de nuevas fórmulas de desarrollo. El comercio, sustento de la economía gaditana durante siglos, atraviesa ahora una situación muy delicada con cierre de establecimientos históricos. Si la gente no tiene dinero, difícilmente se lo puede gastar más allá de los productos básicos.

El evidente fortalecimiento de Cádiz como ciudad turística ha evitado, ciertamente, que estemos hoy en una situación más delicada. La renovación de este sector en la última década es más que evidente y medidas de peatonalización del casco antiguo y refuerzo de la actividad cultural emprendida por el Ayuntamiento en este periodo han dado sus frutos. Por mucho que dirigentes del sector afirmen que la cosa ha ido mal este verano, allí donde se ha cuidado el servicio las ventas en esta temporada han salvado el año, como reconocen hosteleros de la calle Plocia, una de las vías más atractivas de la ciudad desde la profunda reforma realizada en la misma.

Cádiz, además, recibe cada vez más turistas. Y turistas con un mayor nivel adquisitivo y un mayor nivel de exigencia. Y sale, en la mayoría de las ocasiones, bien parada en cuanto a la opinión que los visitantes se llevan de la ciudad y de su oferta como capital turística. Guste o no guste a algunos, ello se ha logrado gracias a la buena labor realizada en este campo por el gobierno local y por el empuje de un cada vez más nutrido grupo de emprendedores, que en todo sí que reclaman más apoyo de las administraciones.

Sin embargo, esta situación positiva en nuestro devenir como ciudad no está incidiendo en las cifras del desempleo. Junto a ello el sector industrial cada vez está más cerca de pasar a la historia e incluso el anunciado cierre de la centenaria fábrica de tabacos ha salido adelante con el silencio de la mayoría de los gaditanos.

El Ayuntamiento marca sus esperanzas en el desarrollo del puerto, incierto ante la pujanza de Algeciras, y la revitalización del polígono exterior de la Zona Franca, que ahora da los primeros pasos para una reordenación ambiciosa pero que tardará años en ser realidad.

Pero donde se está produciendo un cambio sustancial respecto a pasados años es en la relación entre el gobierno municipal, y especialmente la figura de la alcaldesa, y una parte de la ciudadanía. Por primera vez en dieciocho años de mandato el PP se está enfrentando a ciudadanos que critican la política global del Ayuntamiento. Más allá de cuestiones laborales, se pone en evidencia la falta de sintonía de la labor municipal con una parte de la realidad social. En principio han sido los plenos municipales los que han sido utilizados como altavoz de estas demandas, aunque cada vez tienen más fuerzas las denominadas como redes sociales, hasta el punto de provocar conflictos, como el del Entierro de la Caballa, que han trascendido a la propia ciudad.

Lo cierto es que, como la mayor parte de los políticos de todos los colores, al gobierno del Partido Popular se le indigesta cada vez más las críticas callejeras. Lejos están los tiempos en los que la alcaldesa podía recorrer las calles de la ciudad en loor de multitudes y sin escuchar una voz en su contra. Ahora, para recibir el homenaje de una peña caletera se opta por celebrar un acto cerrado al público, evitando así gritos desfavorables. Y eso duele y molesta para quien no está acostumbrado a ello.

El PP se defiende, además de mencionar contubernios promovidos por la izquierda radical, aduciendo que el seguimiento de quienes se manifiestan por las calles o utilizan las presuntas redes sociales son pocos en número, frente a una mayoría silenciosa que mantiene el apoyo al gobierno de la ciudad.

Aún cuando algo de cierto pueda tener esta apreciación, es un error ignorar que algo cambia en la sociedad y que quienes antes apoyaban al PP, bien por su ideología bien porque valoraban la gestión de este partido en la capital, ahora han podido cambiar de opinión mostrando algunos de forma pública su rechazo. No debe obviar el gobierno de Martínez que medidas como la reducción de empleo y salario que han sufrido los funcionarios (uno de los pilares de la economía gaditana) han defraudado a votantes del PP y algunos de ellos, incluso, han salido a la calle para protestar por ello. Y todo ellos son ciudadanos de Cádiz.

Llega también el Ayuntamiento a esta última etapa de su quinto mandato con una situación financiera delicada. Los 200 millones que se adeuda a las entidades bancarias (por culpa, en parte, por la operación de construcción de un nuevo estadio de fútbol cuya inversión total difícilmente se podrá recuperar) es una cifra nunca alcanzada en su historia. Desde dentro se asume que es un dato alto pero se agrega a la vez que el Ayuntamiento de Cádiz tiene liquidez suficiente para afrontar los pagos de esta deuda, a la vez que se mantiene al día en el pago a la Seguridad Social. Dejando a un lado estas justificaciones, lo cierto es que el Ayuntamiento soporta una elevada deuda, una de las más altas del país según el número de habitantes y que ello le obliga a mantener un plan de saneamiento muy estricto. No debemos de olvidar, también, que Cádiz es una ciudad que depende mucho de la propia actividad que genera el Ayuntamiento, y más ahora que otras administraciones, como la Junta de Andalucía, han cerrado el grifo inversor en la ciudad. Todo lo que el Ayuntamiento deje de gastar debido al plan de saneamiento(y se está notando especialmente en temas culturales, tan importantes en una ciudad que apuesta por el turismo y el ocio) incide directamente en nuestra economía.

Es este otro lastre que arrastra el gobierno de Teófila Martínez en este fin de mandato. Y a este lastre, aunque sea injusto, se le une la incidencia que en la ciudad está teniendo el parón inversor de la Junta de Andalucía, especialmente en lo que se refiere a la rehabilitación del casco antiguo, estrella apagada de la gestión socialista en la ciudad. Cuando este proyecto lograba sus principales puntas de gasto, las encuestas ciudadanas que encargaba el PP local decían que un elevado porcentaje de gaditanos pensaban que la recuperación del parque de viviendas se debía al Ayuntamiento. Ideal. Nada que objetar entonces ante este error de apreciación. Pero ahora, cuando la Junta no tiene más dinero para más obras sí conviene recordar que el proyecto era de ellos.

Una de las obsesiones de Teófila Martínez es que la obra pública en la ciudad no se pare. Ni de lejos se ha llegado a la situación que vivió Cádiz en el último mandato del PSOE, donde no se gastó ni una peseta en inversiones, con las grandes obras paralizadas. Es una buena medida, porque indica una cierta dinamización de la ciudad, siempre y cuando no se olviden obras necesarias como el mantenimiento de la red viaria, muy degradada en algunos barrios.

El curso político que ahora se inicia se pone en marcha con la incógnita de cómo será el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, tras la salida de José Antonio Griñán y la llegada a la presidencia de Susana Díaz. Tras años de complicadas relaciones, especialmente en la primera parte de este largo mandato cuando la Junta pretendió convertirse en un ayuntamiento paralelo, las dos administraciones tienen claro que no pueden avanzar en el desarrollo de la ciudad si no es alcanzando acuerdos sobre proyectos esenciales, tanto equipamientos aún pendientes como otros que se encuentran cerrados y sin uso alguno.

Aquí la Junta tiene un elevado grado de responsabilidad. Volcada desde 1999 en la rehabilitación del casco histórico, el parón de este proyecto desde hace unos dos años ha trastocado la propia recuperación económica de la ciudad; a la vez, de esta administración dependen proyectos de gran calado social y económico, como la nueva construcción del Hospital Regional o la Ciudad de la Justicia, ambos paralizados, mientras que su aportación financiera es esencial para el fortalecimiento de la Universidad de Cádiz, que tiene pendiente la construcción de la nueva sede de la Facultad de Medicina.

Estos numerosos 'debe' en la gestión socialista toca de lleno a la credibilidad del PSOE en la ciudad, lo que unido a las divergencias internas dentro de su grupo municipal hacen prever que su travesía por el desierto iniciada en 1995 aún no tenga fin, salvo una debacle electoral del PP y una subida espectacular de IU, lo que no dejaría de ser una sorpresa ante el bajo perfil de su labor como oposición.

Más allá de sus propios problemas, Teófila Martínez tiene que soportar la parte correspondiente por la gestión de la crisis en España por parte del gobierno de Mariano Rajoy.

Lejos queda la época de la estrecha relación de Martínez con varios de los más destacados ministros de José María Aznar, y con el propio presidente, en una época económicamente boyante en la que únicamente tenía que levantar el teléfono para conseguir dinero extra o proyectos 'emblemáticos' para la ciudad. Ahora, todo eso ha terminado, tanto porque no hay dinero como porque tampoco hay conexión directa con Madrid. Con Madrid y con Sevilla, como se ha visto en el 'caso Zona Franca', donde se ha visto claramente que el PP regional y el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, han ignorado a la que durante años fue la alcaldesa más votada de España y a la que todo el partido mimaba. Ahora, cada vez más, Teófila Martínez se atrinchera en 'su' Cádiz, porque ni las obras del segundo puente, la última gran obra popular, avanza al ritmo deseado... aunque al final vengan bien los retrasos porque se podría inaugurar al filo de las elecciones municipales de 2015, cuando el PP se jugará el ser o no ser en Cádiz, su feudo desde 1995.

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