Ha sido el visto y no visto. El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno ha presentado esta semana en el Parlamento ha eliminado una norma que, aprobada el pasado 6 de julio, ponía las bases para la creación de una nueva línea de crédito del ICO, Instituto de Crédito Oficial, para reducir la morosidad de las administraciones locales.

Esta medida fue entonces muy bien recibida por los ayuntamientos por cuanto ya habían sufrido un recorte de las aportaciones que anualmente reciben del Estado y que se cifra en un 20%.

Sin embargo, el plan de recortes del Gobierno ha tocado también de lleno a esta disposición legal, según denunció a este diario la alcaldesa Teófila Martínez, que en su faceta de diputada nacional viene reclamando desde hace unas semanas medidas urgentes para resolver, al menos en parte, la precaria situación económica de los municipios.

"El Gobierno ha introducido una modificación a esta disposición adicional que deja sin valor a la aprobada el pasado 5 de julio. Así, ahora se indica que el ICO atenderá las necesidades de financiación de ayuntamientos y autonomías "estableciendo las garantías necesarias para la cobertura de las operaciones que pudieran ser financiadas", advirtiendo que las relaciones entre ambos entes "deberán ser coherentes con el proceso de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plaza".

"Este texto nada tiene que ver con el aprobado en julio, por el que se instrumentaba una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010", constata Martínez, que recuerda que ya se incumplió el plazo de un mes que esta disposición se marcaba para poner en marcha este servicio financiero.

"Ahora, de un plumazo van y lo eliminan. Sin haberlo puesto en marcha y con el agravante que en la misma presentación de las cuentas del Estado, la vicepresidenta Elena Salgado, respondiendo a la prensa, afirmó que se estaba estudiando cómo desarrollar esta norma. ¿Estaba mintiendo o simplemente no se había enterado de lo dicho en los Presupuestos que ella presentaba? Sea cual sea la respuesta, es una actitud extremadamente grave que debería de acabar con su dimisión. Ha engañado a los ayuntamientos y a los empresarios, despreciando lo que esta medida suponía para todos y cuando desde el PSOE ahora se reclama el pago a los proveedores".