Hace una semana, en una entrevista con Diario de Cádiz, la alcaldesa gaditana, Teófila Martínez, lanzaba una llamada de auxilio al Estado, en nombre de los ayuntamientos, como única forma de salvar la precaria situación económica por la que atraviesan la mayor parte de los ocho mil municipios del país. Ahora define cuáles son las medidas que el Gobierno debería de adoptar.

La primera, y con un carácter urgente, sería la de convertir al ICO, el Instituto de Crédito Oficial, en el verdadero 'banco de los ayuntamientos', abriendo una línea de crédito, que globalmente podría alcanzar los 8.000 millones de euros, para que los municipios puedan obtener préstamos con los que hacer frente al pago de los numerosos servicios de carácter puramente ciudadano que, de otra forma, podrían ver peligrado su futuro tras el recorte del un 20% que en las transferencias ha impuesto el Estado a las corporaciones como una parte más de su plan de ajuste económico.

"Los ayuntamientos asumen numerosos servicios, de ellos gran cantidad de carácter social, que deberían de ser financiados por otras administraciones, pero que al final no lo son. Ahora que se recorta este 20% de los fondos, lo normal sería recortar todos los gastos en este mismo porcentaje. Pero, lógicamente, eso no es posible porque estos ciudadanos seguirán necesitando nuestra ayuda". Es por ello por lo que Martínez plantea que el ICO adelante este dinero expresamente dedicado a esta finalidad. Los fondos se podrían devolver en un periodo de años que habría que fijar.

La otra actuación supondría la elaboración de la Ley que eliminase el déficit estructural que ya soportan los ayuntamiento, mucho antes de la última crisis económica, y que viene provocada por la misma cuestión: el abono con sus fondos de los servicios asistenciales que no le corresponden.

Un estudio del Instituto de Economía de Barcelona fija en un 16,50% la cantidad que se destina en los presupuestos municipales para hacer frente a este gasto, que en el caso de Cádiz puede llegar hasta un 18%, lo que supone cerca de 18 millones de euros anuales. Un dinero que, de cumplirse la ley, no tendrían que poner los municipios. En este caso, lo que reclama la alcaldesa gaditana es que una ley estatal elimine de una vez por todas este déficit estructural.

Ambas medidas supondrían, la primera con una vigencia limita al periodo de crisis económica hasta que el Estado recuperase las cifras que aportaba a los municipios hasta 2009, un auténtico balón de oxígeno a los ayuntamientos, evitando el colapso económico en muchos de ellos y facilitando el pago de las deudas que se mantienen, especialmente con los pequeños proveedores.

En este sentido, se calcula que antes de la crisis los ayuntamientos, entre ellos el de Cádiz, se pagase a los proveedores con retrasos de hasta 7 meses. Ahora, tras el recorte de la aportación estas cifras se ha llegado a duplicar y sólo podrá reducirse recuperando en todo o en parte el dinero que hasta hace unos meses llegaba a los consistorios.

"Al final, si se deja quebrar a los ayuntamientos, administración próxima al ciudadano, se estarán socavando las bases de un estado solidario y moderno. Es necesario, y a la mayor brevedad posible, sanear los déficit municipales de una forma definitiva y estable en el tiempo y además, si se considera necesario, establecer los controles tanto presupuestarios como de tesorería que eviten que cíclicamente estas disfunciones se produzcan", se destaca desde el Ayuntamiento de Cádiz.

"No se trata pues de reducir gastos, los superfluos ya se descuentan, sino de conseguir una financiación que hasta ahora a las corporaciones locales se les ha venido denegando, además esta debe obtenerse con rapidez si no se quiere que vía impagos a proveedores como consecuencia de los déficit presupuestarios y de tesorería se hundan y hagan quebrar a estas empresas de origen local que equilibra y estructuran el municipios", constata la alcaldesa gaditana.