En dos emblemáticos inmuebles en desuso y abandonados de la ciudad sus propietarios están acometiendo obras menores después de los requerimientos efectuados desde el Ayuntamiento de Cádiz en repetidas ocasiones.Según confirmaban ayer desde la Junta de Andalucía, en la Residencia Tiempo Libre se han efectuado trabajos tendentes a evitar el desprendimiento de cascotes a la vía pública, hecho que ocurrió en varias ocasiones desde la marquesina que rodea al edificio tanto por la zona que da a Ingeniero La Cierva como donde se encuentra la sede de la Policía Autonómica. El Consistorio lleva realizando requerimientos de obras de seguridad a la Consejería de Empleo de la Junta, que tiene las competencias en las residencias de tiempo libre, desde septiembre de 2010. El último se realizó el pasado 7 de junio.

La asociación de vecinos Muñoz Arenillas denunció en su día la presencia de okupas en el interior de la residencia que incluso utilizaban cocinas con butano, con el consiguiente peligro para la zona.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha estado realizando días atrás en Tiempo Libre el desalojo de muebles y enseres aprovechables para la residencia de La Línea de la Concepción.

En otro edificio con historia, el antiguo Colegio Valcárcel, propiedad aún de Zaragoza Urbana, se están realizando obras para el adecentamiento de la valla perimetral, también a requerimiento del Ayuntamiento de Cádiz. Lo que debió ser un hotel de cinco estrellas es ahora un edificio cerrado cuyo exterior es utilizado para aparcamiento en superficie.

El proyecto del hotel ha acabado en los tribunales tras la demanda interpuesta por Zaragoza Urbana a la Diputación, a la que exige la devolución de las cantidades que hasta hora había abonado por la compra del inmueble, que era propiedad de la corporación provincial. La firma hotelera se echó atrás en el proyecto aludiendo que Diputación no había cumplido con las condiciones del acuerdo de venta, aunque José Loaiza, el presidente de la corporación, aclaraba a este medio en el mes de junio que no han tenido nada que ver con los asuntos que han retrasado el proyecto. A su vez, Diputación mantiene una reclamación de pago a Zaragoza Urbana del 30 por ciento del contrato.