La ministra de Igualdad, Bibiana Aido, se ha puesto en contacto ayer con responsables de la Junta de Andalucía para apoyar las actuaciones que se están llevando a cabo con el objetivo de poner fin a "la discriminación directa evidente" que está practicando la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. en la Clínica San Rafael contra sus trabajadoras.

Al mismo tiempo, Bibiana Aido ha exigido a la empresa de la clínica el cumplimiento de los principios que rigen la Ley de Igualdad. En este sentido, ha recordado que según esta norma legislativa, las empresas de más de 250 trabajadores deben cumplir no sólo con los preceptos que recoge esta ley sino que están obligadas a negociar planes de igualdad, que promueva la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, "como es el hecho de obligar a las trabajadoras a usar falda", ha asegurado.

La ministra ha manifestado que la Junta de Andalucía la mantiene permanentemente informada sobre los contactos que está realizando con la empresa para resolver el conflicto. Así, espera que la semana próxima la Consejería de Empleo ratifique el informe de la Inspección de Trabajo relativo a la vestimenta de las trabajadoras de la Clínica Pascual con lo que se tendría una "resolución definitiva del expediente sancionador", sin perjuicio, según la ministra, "de que se puedan adoptar otras acciones legales".

"Desde el Ministerio de Igualdad vamos a velar por los derechos de estas trabajadoras y para que se cumpla la Ley de Igualdad", ha señalado.

La polémica se inició tras retirar de la nómina una cierta cantidad de dinero a las enfermeras que no vestían el uniforme que la empresa considera que era el adecuado para sus funciones. Esta sanción volvió a repetirse con la última pago en determinados casos.

La denuncia de parte de la plantilla provocó, a su vez, una respuesta de empleadas de la empresa que rechazaban que existiese presión contra ellas en cuanto a su vestimenta.