La concejala socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Natalia Alvarez, ha anunciado que desde el grupo municipal socialista instarán al equipo de gobierno a que implante definitivamente un servicio público de alquiler de bicicletas.

"El modelo de este servicio público ya fue definido en el estudio presentado en el Consejo de Administración de Emasa en septiembre de 2019, durante la Semana Europea de la Movilidad”, ha recordado la edil, quien ha añadido que “a pesar de que hace prácticamente un año desde que Martín Vila anunció este nuevo sistema de transporte, no sabemos absolutamente nada de su implantación, de su financiación ni de la realización de las obras necesarias para que sea una realidad”.

La edil socialista ha incidido en la importancia de desarrollar este servicio público de bicicletas como un instrumento complementario “que ponga valor la infraestructura del carril bici” y la bicicleta como un medio de transporte “sostenible, barato, ecológico y saludable”.

En el estudio presentado en Emasa, y que se realizó gracias a una propuesta del partido socialista aprobada en pleno en octubre de 2018, se presentaba una red de 46 estaciones repartidas por la ciudad, a una distancia máxima de 300 metros entre ellas y 460 bicicletas en la que el usuario podrá acceder desde la estación a través de una aplicación móvil.

“Como se puede comprobar, el estudio está hecho pero Cádiz sigue sin tener un sistema público de alquiler de bicicletas”, ha aseverado Álvarez  “No se puede seguir demorando en el tiempo esta propuesta si realmente queremos que la ciudad promueva y facilite a la ciudadanía la red de carril bici. No olvidemos que para realizar este cambio de movilidad en la ciudad es necesario que la ciudadanía se vaya adaptando, hay que convencer, no imponer”, ha concluido la concejala.

A principios de diciembre del año pasado, el equipo de Gobierno informaba de que Emasa había incluido ya en sus presupuestos de 2020 los 700.000 euros que requiere la implantación de del sistema y que las cuentas contemplan también las nuevas zonas azul, naranja y verde.

“En apenas medio año habrá en determinadas calles y plazas de la ciudad puntos con bicicletas del mismo modelo y diseño a disposición de los ciudadanos”, se aseguraba entonces. “El servicio de alquiler de estos vehículos de dos ruedas que lleva meses en la hoja de ruta del Ayuntamiento se activará, previsiblemente, en mayo de 2020”, se añadía en un comunicado municipal.

“Finalmente será la empresa municipal de aparcamientos, Emasa, la que se haga cargo de la puesta en marcha de estas bicicletas de alquiler; una cuestión que quedó en interrogante cuando el pasado mes de septiembre presentó el alcalde el modelo que debía implantarse en la ciudad –a raíz de un estudio realizado por una empresa especializada en el sector– pero que ha resuelto los presupuestos de Emasa para el próximo ejercicio”, informábamos en aquel momento desde este periódico.

Esa partida de 700.000 euros aprobada en diciembre del año pasado estaba destinada a “implantar el servicio al 100% desde el primer momento para asegurar su correcto funcionamiento y el éxito entre la ciudadanía”. Y es que advertían entonces los responsables de la empresa MC Estudio de que una implantación por fases estaría condenada al fracaso. El Ayuntamiento no descartaba en aquel momento externalizar este servicio a una empresa privada.

“Una vez aprobado el presupuesto, Emasa tendrá que trabajar en otros muchos detalles relativos a la implantación de este servicio –recordaba el Ayuntamiento– Entre otras cuestiones, tendrá que afrontar el arranque de un sistema que necesitará recursos materiales y económicos para entre otras cuestiones asegurar que siempre haya bicicletas disponibles en cada aparcamiento (en función de los flujos de desplazamientos que se produzcan en determinadas franjas horarias del día) o para reparar las bicicletas que sufran averías o roturas de piezas debido al uso ciudadano”.

“También tendrá que asumir la empresa municipal el sistema de funcionamiento que implantará, y que puede ser a través de una aplicación móvil que el ciudadano active y por la que quede reservada la bicicleta para el uso que se necesite en cada momento, lo que conlleva, lógicamente, un coste para su implantación y posterior mantenimiento”, concluían.