El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz está solicitando nuevas pruebas e informes antes de abrir las diligencias del llamado caso Matadero. De este modo, a través de la Policía Judicial, se está procediendo a la solicitud de todo tipo de documentos para que sean remitidos posteriormente al Juzgado para ver si se ha podido incurrir en algún tipo de irregularidad en la concesión de los pisos de Matadero.

Este trámite se produce después de que el juez de Instrucción del número 2, Miguel Ángel López Marchena, dejara el caso ante la acumulación de trabajo que tenía. Poco tiempo antes la Fiscalía había elevado un informe a este juez en el que decía que había "indicios muy claro de prevaricación" en la adjudicación de las 102 viviendas sociales de Matadero. El Ministerio Público cree que se había podido producir arbitrariedad en el proceso de selección de los demandantes por lo que decidió que se abriera una investigación penal para esclarecer si estas adjudicaciones se hicieron conforme a la legalidad vigente o, por el contrario, hubo injerencias de algunos cargos políticos a la hora de elegir a las personas que obtuvieron esos pisos.

Este caso nace a raíz de la denuncia que efectuó el sindicato Autonomía Obrera cuando hizo público que la coordinadora de programas de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, Pilar Tubío, había renunciado a su puesto por supuestas presiones políticas para que valorase "a un grupo reducido de solicitantes" de viviendas sociales. La dimisión de esta vino acompañado también de un escrito de un buen número de trabajadoras sociales en la que se defendió la labor de Tubío y del resto de empleados a la hora de realizar su trabajo. El Ayuntamiento, sin embargo, dijo que la dimisión se había producido por cuestiones laborales y no por este tema.

A la denuncia de Autonomía Obrera se sumaron las de la Junta de Personal del Ayuntamiento, que incluyó en la documentación que envió a la Fiscalía la reunión que mantuvieron con Pilar Tubío en la que hablaba de estas presiones, otra del PSOE y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Este asunto saltó a la luz en el verano e 2013 y durante seis meses la Fiscalía analizó "exhaustivamente" actuaciones de los responsables políticos y de los técnicos municipales, de lo que dedujo que en la actuación "podía haber indicios muy claros de prevaricación".

Esta se basaría "en la arbitrariedad proyectada sobre el proceso de selección de solicitantes de adjudicación de esas viviendas". Cabe recordar que la Junta de Personal denunció en su día que el 85% de las mismas se otorgaron "con carácter excepcional" y, por lo tanto, de manera irregular.

El presunto delito, según la Fiscalía, no se basaba en la sobrevaloración o infravaloración de los potenciales adjudicatarios, sino que supuestamente impusieron una lista cerrada de demandantes para su baremación en vez de permitir valorar a todos los solicitantes que cumplían los requisitos.

En este sentido, la Fiscalía estableció en su informe que se podía haber alterado el mecanismo de adjudicación de las viviendas sociales, ya que contradice los principios básicos de una actuación administrativa que debe regirse por los principios de la igualdad de trato, la transparencia, la publicidad de sus acciones o la interdicción de la arbitrariedad, entre otros.

Eso llevó a la Fiscalía a judicializar el asunto y llevarlo a la vía penal pero hasta ahora todavía no se ha producido la notificación de la apertura del procedimiento en los juzgados o su archivo porque el juez titular se encuentra recabando nuevas pruebas .

Uno de los que está esperando a que se abra el procedimiento es el PSOE de Cádiz para personarse como acusación particular.

De momento todavía no hay ningún imputado en esta causa hasta que el juez no decida si sigue con las actuaciones o bien decide archivar el llamado caso Matadero.

Asimismo, el Ayuntamiento de Cádiz advirtió en su día que ninguno de los miembros del equipo de Gobierno había tenido que declarar por este asuntos en los juzgados, en este caso la teniente de alcaldesa delegada de Familia, Mercedes Colombo, y la delegada de Servicios Sociales, Carmen Sánchez.