El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, se ha pronunciado sobre el archivo de la causa abierta contra él a raiz de la querella interpuesta por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA). Vila Saluda que “la Justicia haya hecho justicia”, incidiendo en que “la denuncia no tenía ningún recorrido, porque precisamente se interpuso por iniciar procedimientos urbanísticos conforme a Derecho, con informes técnicos en los que se detallaba el exceso de superficie ocupada respecto a lo previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La actuación de Urbanismo fue impecable”.

“Esperemos que, ahora que se ha archivado la causa, los empresarios de chiringuitos de playa pidan perdón públicamente por la campaña de desprestigio que montaron contra mi persona y contra el propio Ayuntamiento de Cádiz. Eso, llegados a este punto, es lo mínimo que deberían hacer”, recalca.

Este viernes, el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz dictó el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia presentada por la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA), en la que están representados los empresarios de los chiringuitos de playa de la ciudad, contra el concejal de Urbanismo, Martín Vila, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la gestión del conflicto existente entre los chiringuitos y el Ayuntamiento de Cádiz . En la querella, acusaban de prevaricación al edil después de que la Delegación de Urbanismo hubiera incoado varios expedientes contra los chiringuitos por superar los 150 metros cuadrados de superficie que se contemplaban en el pliego de adjudicación.

Se trata de la segunda de las querellas interpuestas por este motivo, basada en una supuesta transmisión de la titularidad de los chiringuitos a los propios hosteleros por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Como ya ocurriera en la primera causa, también archivada, se acredita una vez más que la transmisión nunca se realizó y que la hipótesis de que sí se completó, que es la que defendieron la Junta de Andalucía y los propios empresarios, carece de “rigor y aval jurídico alguno”, según fuentes del Equipo de Gobierno.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz archiva la causa por considerar que no existen indicios de un delito de prevaricación por parte de Martín Vila, y porque la actuación de la Delegación de Urbanismo se ajusta a la legalidad.