La dificultad que tiene el Ayuntamiento para recuperar la elevada inversión realizada en su día con la construcción de la tribuna del estadio Carranza, pues la Zona Franca, que inicialmente iba a quedarse este equipamiento, no está actualmente en condiciones para afrontar esta operación, saca a la luz la alegría con la que buena parte de las administraciones públicas, por no decir todas, han sacado adelante en los últimos años determinados proyectos que, por su desorbitado coste, no han resultado rentables ni para la sociedad ni para las propias instituciones promotoras.

Es cierto que las administraciones públicas no han sido pródigas en Cádiz a la hora de ejecutar equipamientos faraónicos, firmados por grandes arquitectos y con costes que se disparan a medida que avanza su construcción, como sí ha ocurrido en otras capitales e incluso localidades de la rpovincia. Se ha sido comedido en muchas ocasiones, como cuando se diseñó un Palacio de Congresos firmado por Navarro Baldeweg que se descartó ante el temor de un coste final muy por encima de lo previsto. Se optó, con lógica, por transformar la antigua fábrica de tabacos en un centro de congresos, de afortunado diseño y presupuesto asequible. Pero esta lección de control del gasto público no se ha seguido, especialmente en los años boyantes, cuando el dinero sobraba.

El estadio Carranza es ejemplo de ello. El coste de este campo de fútbol ha rondado los 70 millones de euros. Dejando a un lado la necesidad de un equipamiento de estas características para uso exclusivo de un club privado que da escasas alegrías a la afición y escasos beneficios secundarios a la ciudad, la intención de recuperar parte de lo invertido, con dinero público del Ayuntamiento y la Zona Franca (que se implicó en el proyecto desde un principio), apenas se ha cumplido. Además del espacio ocupado por un supermercado que ya funcionaba en el antiguo Carranza, la mayor parte del suelo de oficinas que se ha creado está en régimen de alquiler a determinadas instituciones públicas que, cuando cuenten con sus propios inmuebles, abandonarán estas dependencias dejando al Consorcio sin estos ingresos.

En el aire está también qué pasará con la tribuna. Ni por el momento hay firmas hoteleras dispuestas a ubicarse en este edificio ni comercios dispuestos a instalarse en los bajos destinados a ello. Es, así, una pesada carga para la hacienda municipal y causante de una parte importante de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con las entidades financieras.

Varios equipamientos relacionados con la red ferroviaria de la ciudad también se pueden incluir entre los proyectos que no se pensaron bien a la hora de su planificación. Destacan sobre todo los apeaderos de Renfe que se levantaron, junto al soterramiento, en San Severiano, Segunda Aguada y Estadio. A parte de que los dos últimos rompen la continuidad de la avenida de Juan Carlos I, son a todas luces edificios desmesurados para el uso que tienen, hasta el punto que Renfe, tras constatar el limitado paso por los mismos de pasajeros cada día redujo el personal asignado a cada una de estas estaciones. Hubiera costado menos unos accesos menos ostentosos, tal vez diseñados como una estación de metro, y más de acorde con el tráfico de pasajeros/tren que tiene la ciudad.

Igualmente desmesurado es el edificio destinado al vestíbulo de la estación ferroviaria. Que el mismo sobra lo reconocen los propios directivos de la compañía hasta el punto que, a pesar de haber terminado su construcción hace una década, nunca ha llegado a abrirse.

A escasos metros la Junta tiene previsto levantar la primera estación de autobuses de la ciudad. El proyecto tiene un coste de algo más de un millón de euros. Este precio supone un ahorro de unos 5 millones respecto al diseño original que se hubiera construido como tal si la crisis no hubiera paralizado la operación, dedicando una importante cantidad de dinero público a un equipamiento que podría haber salido más barato, aunque eso sí menos lujoso.

Dinero también costó el Centro Tecnológico e Industrial. El CENTI iba a ser un centro de referencia en las nuevas tecnologías. Se invirtieron unos 18 millones de euros de la época en un edificio que nunca cumplió las funciones para el que se creó, torre inclinada incluía, y que ahora adapta la Universidad como centro administrativo.

También se tiró el dinero, hace ya dos décadas, con la construcción de la Ciudad del Mar, un proyecto destinado a situar a Cádiz en un puesto relevante dentro de la promoción de los deportes náuticos. Ahí sigue en pie el esqueleto de lo que nunca fue, como ejemplo del dinero público dilapidado.

Hay otros grandes equipamientos que nunca se llegaron a construir aunque sí se plantearon sobre el papel, lo que costó dinero, en ocasiones mucho dinero, como abono del trabajo realizado por los arquitectos que en su día ganaron los concursos correspondientes. Aquí se incluyen los proyectos del Hospital Regional de Cádiz y la Ciudad de la Justicia, ambos de la Junta, que en el primero de los casos supuso también la ejecución de otros trabajos paralelos realizados con esta actuación. Igualmente el Museo del Carnaval tuvo su primer proyecto, que también pasó por un concurso público, finalmente descartado y que costó su dinero.

Otras operaciones sobre equipamientos relevantes han supuesto mucho dinero público para un resultado mínimo. Es lo que ha pasado en las excavaciones del Teatro Romano. Aquí se ha gastado dinero en la última y eterna fase sin un proyecto adecuado, a decir de la mayor parte de los expertos en este tipo de equipamientos. Se ha intentado excavar bajo los edificios del barrio del Pópulo para nada y, encima, se va a tener que modificar el proyecto del Centro de Interpretación por cuestiones presupuestarias, con lo que ello supone de gasto no previsto en un principio. Aquí la Junta debería de aprender del Ayuntamiento y de su centro fenicio (con las dudas de un costoso teatro en el mismo solar), porque en algunas cosas sí conviene apostar por un presupuesto adecuado.

Dinero público gastado para nada fueron los concursos organizados, con premios incluido, para la mejora de las fachadas en la avenida de Juan Carlos I, para la urbanización de los antiguos cuarteles de Varela y el para el solar de la Telegrafía sin Hilos.

Es cierto que en este lado oscuro de la gestión pública Cádiz no cuenta con moles ejemplos del malgasto como ocurre en otras capitales españolas. Hay quienes ponen en dudas inversiones como la del puente de la Constitución de 1812 o el nuevo muelle de contenedores. También se puede dudar sobre la efectividad, más que sobre el coste, de un aparcamiento subterráneo en la avenida de Astilleros, aún por ejecutarse. Aunque estos, como todo lo demás, es opinable.