Se les acaba el tiempo. Una quincena de vecinos de la calle Juan de la Cosa, de la barriada de Loreto, debe abandonar en breve los pisos en los que lleva más de 40 años viviendo. Son inquilinos de unos edificios destinados a miembros de la Guardia Civil y recibieron escritos de la Dirección General de este Cuerpo para que desalojaran sus viviendas en un plazo de seis meses. Para algunos ya se ha cumplido ese plazo, pero para la mayoría se agota este mes de marzo.

Según los escritos, el motivo para el desahucio de muchos de estos vecinos es que poseen otra vivienda en propiedad en la ciudad, con lo que inclumplirían la cláusula 12 del contrato de arrendamiento. Otros deben irse por no haber comunicado su situación de divorcio.

Los afectados son principalmente personas mayores, enfermas y con limitacionesLo que más le duele a estos vecinos es el "trato inhumano" que están recibiendo

La mayoría son personas mayores, enfermas o con problemas de movilidad, que llevan media vida en un barrio que no quieren abandonar. Además, no ven claros los motivos del desalojo.

Los que tienen el piso en propiedad, afirman que los adquirieron para asegurarse una vivienda en el futuro, ya que, según las normas que regulaban el contrato de arrendamiento de las casas de Loreto, el alquiler era por 50 ó 56 años, así que pasado ese tiempo, tenían que marcharse. Pero gracias a la mediación del colectivo Juan de la Cosa, se hizo un anexo al contrato que garantizaba el alquiler a perpetuidad tanto al titular como a su cónyuge. Cuando se hizo este anexo, algunos ya habían adquirido otra vivienda.

"Al hacerse este anexo, nosotros decidimos dejar el piso que compramos a mi hijo, que es guardia civil en activo, porque nosotros llevábamos muchos años en este barrio y teníamos la vida hecha aquí", comenta María Acacia, esposa de un guardia civil jubilado. Esta mujer afirma que tanto ella como otras familias "compramos los pisos en los años 80 y la Guardia Civil lo sabía. Entonces, "¿por qué nos llega esto ahora?".

Este matrimonio debe abandonar su vivienda antes del 26 de marzo, pero el marido está enfermo y tiene prevista una operación en unos días, así que no se encuentra en condiciones de mudarse.

En una situación similar está Félix Navarro: con un piso adquirido en los años 80 en el que vive uno de sus hijos, que es guardia civil, y tanto él como su mujer están enfermos.

Dolores Navarro es viuda de un guardia civil. Ella ha recibido el escrito de desahucio porque heredó un piso de su padre. "Yo tengo problemas de movilidad e invertí de mi dinero para acondicionar la casa en la que vivo. ¿Ahora voy a tener que volver a invertir para adaptar la otra casa? No puedo gastarme más dinero porque mi pensión es pequeña y cada día tengo que darle de comer a mis hijos y a mis nietos", se lamenta.

Consuelo también es viuda y tiene una paga pequeña. Ella vive en el piso de la Guardia Civil con su hija, su yerno y sus nietos. Si la echan, también va a la calle el resto de familia que reside con ella.

Los casos de Luna Fernández y Carmen Delgado son diferentes. Una es separada y la otra divorciada. Ambas viven en los pisos de Juan de la Cosa por una sentencia judicial, pero afirman que ahora la Guardia Civil obvia la decisión del juez y les insta a abandonar sus casas por no haber comunicado su cambio de estado. Luna asegura que ella no tiene otra vivienda y su pensión es de solo 300 euros, por lo que no puede hacer frente a ningún alquiler. Con Luna viven su hija y sus tres nietos. "Si no fuera por ella, estaría pidiendo limosna", afirma Luna, ya que su hija trabaja y aunque gana poco, al menos les da para sobrevivir.

Carmen fue una de las que compró un piso en los años 80 con su exmarido. Está a nombre de ella, pero como en el de Loreto tenía contrato a perpetuidad, se lo cedió a su hijo, que es quien actualmente paga la hipoteca. "A mí me llegó la carta de desalojo por falta de comunicación de mi cambio de estado, y ahora, a mis 69 años, me encuentro con un gran problema porque con la pensión que tengo, no puedo pagar un piso. O pago el alquiler o como".

Algunos locales comerciales también se están viendo afectados por esta orden de desalojo. Es el caso de la carnicería de Daniel Marchán. Este hombre cuenta que tenía un contrato renovable cada 10 años pero cuando falleció su padre, le actualizaron el contrato y empezaron a renovárselo anualmente. "Ahora han decidido que no me van a renovar más porque necesitan el local como apoyo logístico, cuando hay entre 10 y 12 locales cerrados y vacíos desde hace años, y con más metros cuadrados. Pero ahora necesitan el mío".

Estos vecinos remitieron el 30 de enero un escrito a la Dirección General de la Guardia Civil, pidiendo aplazar la fecha del desahucio hasta que se desalojen completamente los edificios para realizar unas obras que son necesarias debido al mal estado en el que se encuentran. Estos trabajos se han anunciado para 2020 ó 2021, y está previsto que duren entre cuatro y cinco años. Francisco Lucena, vicepresidente del colectivo Juan de la Cosa, afirma que todavía están esperando la contestación del escrito.

Para Lucena, no es comprensible la actitud que están teniendo con ellos, porque "hay guardias civiles que viven en estos pisos en régimen de pabellón (no pagan alquiler) y tienen viviendas en propiedad en Cádiz, y no les obligan a desalojar". María Acacia apunta que "en la Comandancia hay también otros que tienen viviendas y no los desalojan. ¿Por qué a nosotros sí?, cuando nosotros hemos cedido nuestros pisos propios a nuestros hijos para que ellos no pidan pabellones".

Un vecino que no está afectado por el desalojo, pero tendrá que dejar su casa por las obras, afirma que no se cree que estos bloques necesiten una gran reforma "porque las casas están bien, además, no nos quieren enseñar el informe del estado de los edificios. Se han negado acogiéndose a la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice que hasta tres meses antes de que comiencen las obras pueden darnos el informe". Señala que tras la rehabilitación, deben garantizarles la vuelta a esos pisos. Pero ninguno de los inquilinos se fía, porque "si han incumplido el anexo del contrato de arrendamiento, ¿cómo vamos a fiarnos de que podamos volver cuando acaben las obras?".

Lo que más le duele a estos vecinos es el "trato inhumano" que están recibiendo. "Nos tratan como si fuéramos muebles carentes de sentimientos, y somos personas. Han enviado unos escritos de desahucio sin tener en cuenta las circunstancias personales. Después de más de 40 años de servicio a la Guardia Civil y a la sociedad, nos tratan de esta forma tan lamentable y negándonos todo tipo de información. No nos valoran", lamenta Francisco Lucena.