El análisis de la realidad, la valoración y la línea a seguir de la delegación del Gobierno andaluz en la provincia es idéntica a lo que la Consejería de Justicia trasladaba al Defensor del Pueblo Andaluz en el último escrito fechado a finales de septiembre. El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Fernando López Gil, coincidía plenamente ayer con la Consejería de la que forma parte. Si bien puntualizaba que desde esa delegación "estamos en búsqueda continua de estos inversores privados" que harían factible la ejecución de una obra de ese calado actualmente.

De hecho, López Gil asegura que hay varios inversores que han mostrado interés por el proyecto de Cádiz, "pero no se ha concretado nada, sobre todo por la coyuntura económica actual". En este sentido, recordaba también el delegado del Gobierno andaluz en la provincia que la solución público-privada que tan exitosa se preveía en Córdoba tampoco ha salido adelante hasta el momento, ante las dificultades para las propias empresas promotoras, que no encuentran financiación para poder acometer las obras.

Ante esta realidad que desde la Junta no esconden, la apuesta es, por un lado, seguir buscando esos inversores privados que puedan hacerse cargo de la construcción de la Ciudad de la Justicia (a cambio de un canon que abonaría periódicamente la administración una vez finalizada esta obra) y, por otro lado, "mejorar las infraestructuras existentes" mediante el traslado a nuevas sedes más oportunas para la actividad judicial, "a la espera de una mejor coyuntura".

Mientras, el PP cargaba ayer contra la administración autonómica. Fue la portavoz del partido en Cádiz, Ana Mestre, la que ayer anunció en rueda de prensa que se va a pedir la comparecencia del consejero de Justicia, Emilio de Llera, "para que digan qué van a hacer con este proyecto", considerando que es "una broma de mal gusto" acumular más de trece años de retraso en la construcción de la Ciudad de la Justicia. "Un proyecto que no es caprichoso, sino que es imprescindible para la calidad de la Justicia, para la provincia y fundamental para que los profesionales de la Justicia puedan desarrollar su trabajo". "No podemos esperar más años", manifestaba la representante de los populares.

A juicio de Mestre este es un nuevo caso de los proyectos incumplidos por la administración andaluza en Cádiz, como el hospital regional, el albergue juvenil o la residencia de Tiempo Libre, entre otros equipamientos.