Cádiz

La Ley de Economía Sostenible elude abordar las grandes reformas

  • El Gobierno está convencido de que la nueva norma creará "actividad, riqueza, empleo y bienestar" a pesar de que las cuestiones clave siguen en el aire · La mayoría de las medidas ya habían sido anunciadas

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, un "amplio conjunto de cambios normativos" que pretende cambiar el modelo productivo español en la próxima década. Sin embargo, el Ejecutivo socialista dejó pendientes de una negociación en curso las principales reformas estructurales contenidas en el documento estratégico: justicia, estrategia social y laboral, educación y energía, y esgrimió como principales herramientas fondos ya conocidos, el del ICO de 20.000 millones de euros y el de la segunda parte del fondo de inversión local de 5.000 millones. Todo ello, y el hecho de que algunas medidas están ahora mismo tramitándose en la Cámara Baja o habían sido anunciadas, dio a la nueva Ley un cierto aire de refrito legislativo con nuevo envoltorio que el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, aprovechó para anunciar que "no hay nada nuevo".

Las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, defendieron en una comparecencia conjunta que la Ley de Economía Sostenible, que no llegará al Congreso hasta 2010, fomentará la competitividad, fortalecerá la supervisión financiera, será un buen instrumento contra la morosidad, aportará transparencia en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilitará la contratación público-privada.

Como principales medidas fiscales, el Ejecutivo subrayó la ampliación de la deducción por inversión de I+D+i del 8% al 12%, la aplicación del IVA reducido a las reformas para mejorar la eficacia energética o el ahorro de agua y el establecimiento de una nueva deducción del IRPF del 10% para este tipo de obras.

Salgado anunció una profunda reforma de los organismos reguladores de industrias de red (CNE, CMT, CNSP) y de la CNC, que incluye una reducción del número de miembros y de una coordinación con Competencia. La remodelación también abarca a los mercados financieros para que las sociedades cotizadas pongan a disposición de los accionistas un informe de remuneraciones y a votarlo en la Junta General, así como el detalle de las retribuciones individuales de cada uno de los consejeros. Además, el Banco de España exigirá a cada entidad de crédito que tenga normas de gobierno que incluyan "políticas y prácticas de remuneración que promuevan una gestión del riesgo responsable". También se publicará información sobre sus políticas de retribución y se reforzará la información al consumidor.

La vicepresidenta segunda se comprometió a presentar en seis meses un plan de austeridad de la Administración General del Estado, y anunció que las Entidades Locales tendrán que presentar trimestralmente un plan sobre su situación de pagos a proveedores.

En cuanto a la contratación pública, Salgado destacó la simplificación de los trámites administrativos para la I+D, la modificación de contratos públicos (no podrán superar el 20% del precio del contrato) y un aumento del porcentaje de subcontratación de hasta el 50%. En la colaboración público-privada, apuntó la autorización de este tipo de contrato para entidades públicas empresariales, la regulación para empresas de economía mixta y el apoyo financiero del sector público, a través de avales.

En el apartado de creación de empresas, la ministra de Economía y Hacienda subrayó la reducción de costes y plazos (un día y un coste máximo de 100 euros para sociedades limitadas de capital entre 3.000 y 3.100 euros, y cinco días y 250 euros para sociedades de la misma índole con capital entre 3.100 y 30.000 euros) y la reducción de cargas. Este mismo apartado incluye una serie de medidas de simplificación administrativa en cargas, licencias municipales y catastro inmobiliario.

Además, en aras de mejorar la competitividad, Salgado anunció reformas en la sociedad de la información, en ciencia e innovación y política industrial (patentes, colaboración con el sector productivo y mejoras fiscales en I+D+i) y en la lucha contra la morosidad. Sobre esta última, explicó que en las administraciones públicas se reducirá el plazo de pago de 60 a 30 días y se establecerá un control de los pagos de las entidades locales. En el sector privado, se obligará a las empresas al pago a pymes y autónomos en un máximo de 60 días.

En sostenibilidad medioambiental, Salgado recalcó que el Gobierno creará un "sello" para el uso de tecnologías de baja intensidad de carbono y un fondo público para la compra de créditos de carbono. Además de buscar una regulación "eficiente" del transporte y una movilidad sostenible, el Ejecutivo de Zapatero llevará en la Ley medidas de ahorro y eficacia energética. En este apartado, la ministra indicó que la vida útil de las centrales nucleares se mantendrá en 40 años y agregó que se trabajará para mejorar la seguridad nuclear.

La Ley también equipara fiscalmente el alquiler con la compra de vivienda para las rentas inferiores a 24.000 euros, según aseguró Salgado.

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