El modelo español es el de reparto. Los trabajadores en activo aceptan financiar con sus rentas las pensiones actuales con la esperanza de que la siguiente generación soporte sobre sus hombros el peso de sus jubilaciones y prestaciones. Las cotizaciones van a parar a una caja única que sirve a su vez, para pagar la nómina de las pensiones contributivas de toda España.

Hasta el estallido de la crisis, el sistema fue capaz de lograr superávit y alimentar su fondo de reserva de la Seguridad Social, cuya dotación llegó a rozar los 67.000 millones de euros en 2011, la mayor parte de ellos invertidos en deuda pública española. La gran recesión provocó un dramático cambio de tendencia. La afiliación a la Seguridad Social alcanzó su máximo histórico en mayo de 2008 cuando superó los 19,4 millones de cotizantes, según datos del Ministerio de Empleo. Apenas doce meses después, España ya había perdido casi un millón y medio de afiliados. La cifra no dejó de caer hasta febrero de 2013, cuando la afiliación tocó fondo con 16,1 millones. La economía española se había dejado casi uno de cada cinco cotizantes en las trincheras de la crisis. La recuperación económica ha propiciado un aumento de la afiliación en los tres últimos años. El pasado verano se alcanzaron los 18,4 millones y es de prever que esta cota se vuelva a superar.

Por el lado de los gastos, la cuerda no para de tensarse. La nómina mensual de las pensiones ha pasado de los 6.138,6 millones de euros registrados en 2008 a los 8.925,1 millones el pasado febrero, lo que supone un incremento del 45% en una década. Entre enero de 2008 y febrero de 2018, el número de pensiones contributivas ha crecido un 14,8% hasta situarse por encima de los 9,5 millones. Asimismo, el importe de la pensión media ha aumentado un 30,6%, pasando de 713,48 euros a 932,29.

Las pensiones de jubilación, -que suponen casi dos de cada tres pensiones contributivas- han pasado de 4,9 millones a casi 5,9 millones, casi un 20% más, y su importe medio ha aumentado un 33% hasta los 1.077,52 euros, lo que convierte a sus perceptores en mileuristas.

En el caso de Andalucía, el número de pensiones contributivas ha subido un 16% en una década y se sitúa ahora por encima de los 1,5 millones. La pensión media también se ha incrementado en un 26,9%, aunque con 835,99 euros sigue siendo sensiblemente inferior a la nacional. En cuanto a las jubilaciones, su cifra total ha crecido en Andalucía un 23% -hasta un total de 861.935- y el importe medio ha pasado hasta los 971 euros, un 31% más que hace en enero de 2008 pero cien euros menos que la media nacional.

País Vasco es la comunidad donde se percibe la pensión media más alta: 1.157 euros, cifra que aumenta hasta los 1.328 euros para las jubilaciones. Sólo hay tres comunidades donde la pensión media es inferior a la de Andalucía: Extremadura -773 euros-; Galicia -786 euros- y Murcia -817 euros-.

Las pensiones están ligadas al tiempo cotizado y al salario percibido en los años previos al retiro. En las regiones donde hay un peso mayor de la industria o la minería -como es el caso de País Vasco, Navarra o Asturias-, la renta media es superior al resto, y eso se traduce en los importes de las prestaciones sociales. En cambio, las pensiones son inferiores en regiones dependientes de sectores de bajos salarios como la agricultura o el turismo, como Andalucía.

Tras su triunfo electoral en diciembre de 2011, el Gobierno de Rajoy adoptó decisiones que han marcado el devenir de las pensiones en un momento de máxima presión por las dificultades para acceder a financiación en los mercados y las tensiones derivadas del rescate para las cajas de ahorro. La primera de ellas fue recurrir al fondo de reserva para mitigar la caída de los ingresos de la Seguridad Social. A medida que se ha ido agotando su dotación, el Ejecutivo se ha visto obligado a buscar nuevas fuentes de financiación. La última vez que usó el fondo de reserva fue el pasado mes de diciembre, cuando el Consejo de Ministros acordó extraer 3.586 millones. El fondo de reserva cuenta ahora con poco más de 8.000 millones, apenas suficiente para el pago de una nómina mensual de las pensiones. Así, el proyecto de presupuestos de 2018 contempla otro crédito de 15.000 millones, lo que permitirá no tocar lo que queda del fondo y evitar la alarma social que despertaría la noticia de su agotamiento.

Otra de las medidas polémicas adoptadas por el Gobierno de Rajoy fue no restituir a los pensionistas la desviación del IPC, una decilargamente esperada por la Unión Europea y otros organismos internacionales. Desde entonces, el Gobierno ha actualizado las pensiones cada año en un 0,25%. Las bajísimas tasas de inflación registradas entre 2013 y 2015 permitieron incluso que los pensionistas tuvieran una mínima mejora de su poder adquisitivo. Pero desde 2016, el IPC se mueve en tasas por encima del 1%, causando un empobrecimiento real de las prestaciones sociales. Esto se ha convertido en el detonante de las manifestaciones.

Además, la Seguridad Social apenas ha conseguido revertir su déficit de 17.000 millones de euros anuales pese al incremento del empleo. La introducción de bonificaciones como la tarifa plana para los autónomos ha recortado los ingresos que han supuesto los nuevos afiliados. Además, los nuevos puestos de trabajo son más precarios y están peor retribuidos que los existentes antes de la crisis. Según la Agencia Tributaria, los pensionistas comprendidos entre los 66 y 75 años cobran una media de 16.792 euros anuales. En cambio, los contribuyentes que tienen entre 26 y 35 años perciben 14.602 euros, 2.000 euros anuales menos.

Pese a todo, el sistema de pensiones español sigue siendo uno de los más generosos del mundo. La tasa de sustitución -que mide el porcentaje que supone la pensión en relación con el último salario percibido- se sitúa en el 82%, según la OCDE. En 2019 entra en vigor el factor de sostenibilidad creado en la reforma de 2013, que introducirá la variable de la esperanza de vida en el cálculo de la pensión de los nuevos jubilados y ligará la revalorización de las prestaciones a los ingresos del sistema. El problema es que el Gobierno todavía no ha aclarado los coeficientes que aplicará, lo que añade más incertidumbre al sistema, máxime cuando debe implementarse en vísperas de un año electoral.